La Federación de Padres de Alumnos de la Provincia de Alicante (FAPA) Gabriel Miró asegura en un escrito remitido a INFORMACIÓN que no es la responsable de la gestión de las subvenciones del transporte escolar del tramitadas durante el curso 2013-2014.

La FAPA se pronuncia en este sentido después de que este diario desvelara que una auditoria externa encargada por la Intervención del Ayuntamiento de Torrevieja haya detectado que la delegación de esta federación de padres en Torrevieja no ha podido justificar el gasto de 274.000 euros en esas subvenciones 274.000 euros y otros 5.846 euros por la gestión de las ayudas.

La FAPA se extiende en su escrito a la hora de argumentar por qué la Federación nada tiene que ver con su delegación en Torrevieja, que funciona jurídicamente como una entidad independiente de la FAPA. La delegación de la FAPA en Torrevieja es «fiscal y administrativamente independiente de la primera, por imperativo legal».

La auditoría comenzó a realizarse a principios de este año, y ahora está en manos del técnico de mayor rango en el departamento de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja resolver cómo se reclama esa cantidad y en qué terminos. Aunque el mandato de la Interventora es que se ordene el cobro.

La Intervención la autorizó

La FAPA dice que no ha recibido «como tal» cantidad alguna y que las cantidades que sí recibió la delegación de la FAPA para las ayudas individualizadas del transporte escolar lo fueron en representación de los colegios públicos «Romualdo Ballester», «Nuestra Señora del Rosario», «Las Culturas», «Habaneras», «Amanecer» y «Ciudad de Oviedo». Ramón López Cabrera, presidente de la FAPA desde 2006 dice que la propia Intervención que ahora ha impulsado la auditoría fue la que dio el visto bueno a los pagos.

Según interpreta la FAPA, en este caso justificando la actuación de su delegación independiente de la FAPA, no se puede haber detectado una falta de justificación, puesto que este requisito (la justificación) es previo al pago de la subvención, posteriormente autorizado por la Intervención. «Se justificó absolutamente todo, hasta el último céntimo de euro, puesto que de no ser así , no se hubiera hecho efectivo el abono de la subvención», reitera López.

El pago de la subvención no se hacía efectivo a los padres de alumnos, que solo debían tramitar la solicitud para abonar solo 15 euros por dos viajes y 30 por cuatro, sino a las empresas de transporte. La puesta en marcha de esa auditoría externa es una medida realizada a instancias de la legislación de fiscalización permanente creada por el Ministerio de Hacienda.