El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja debate mañana la aprobación de 5 millones de euros en créditos reconocidos, de los que 4,8 millones corresponden a prestaciones de servicios realizados sin contrato, sin partida presupuestaria consignada, o ambas circunstancias. No es la primera vez que estas facturas pasan por pleno este año. Ya fueron las «protagonistas» de la modificación presupuestaria de julio de 2017 precisamente para que contaran con dotación presupuestaria y la que también se decidió amortizar préstamos por 12 millones de euros. El grueso del gasto que se deriva de estas facturas corresponde al servicio de recogida de basura y aseo urbano que realiza Acciona (3.589.000 euros), la limpieza de edificios municipales de Limcamar (916.940 euros) y la transporte interurbano que presta Costa Azul (257.321 euros). Tres servicios públicos básicos que carecen de contrato desde 2016. Para el equipo de gobierno el abono de estas mensualidades del año pasado es importante porque su impago es el que está son las que están aumentando los plazos de pagos a proveedores.

Entre las facturas figuran varias correspondientes a Limcamar en las que el funcionario que ha supervisado y conformado el documento -que valida que el servicio se ha prestado de forma efectiva- señala de forma manuscrita que se ha tramitado «conforme a las instrucciones encomendadas por el alcalde José Manuel Dolón, edil de Limpieza de Edificios. Para la oposición del PP ese inciso en cada una de las facturas implica que el primer edil ha llegado a un supuesto acuerdo o «trato» con la empresa para que continuara llevando a cabo el servicio desde el momento que la prestación se quedó sin el amparo legal de un contrato. La oposición mayoritaria interpreta que el primer edil tuvo que negociar de alguna forma con la empresa, al igual que con Acciona, para que la ciudad no se quedara sin una prestación esencial.

Tanto Acciona como Limcamar tienen la «sartén por el mango» en esta situación porque están realizando los trabajos de forma voluntaria y en cualquier momento podrían dejar de trabajar para el Ayuntamiento, dado que no les liga ningún compromiso contractual. Limcamar se hizo con la adjudicación con una oferta a la baja importante sobre la anterior contratista en 2014 -casi 300.000 euros al año menos-. La empresa reclamó un modificación al alza del canon anual a los pocos meses de iniciar la prestación tras las reclamaciones de varias concejalías del anterior mandato municipal para que se mejorara el servicio.

El caso de Limcamar es todavía más llamativo porque antes de decidir que seguiría realizando la limpieza sin contrato, había anunciado al Ayuntamiento con varios meses de antelación, a principios de 2016, que no quería continuar con una prórroga. El gobierno municipal mantiene que al igual que hizo con Acciona la empresa de limpieza de edificios y el Ayuntamiento acordaron que se siguiera realizando el servicio en las condiciones, sugieren, que han impuesto las empresas, supuestamente con incremento del canon. El gobierno local insiste que se paga exactamente lo mismo que cuando contaban con contrato.

El Ayuntamiento lleva desde finales del pasado año intentando sacar adelante el pliego de condiciones de la nueva licitación para adjudicar esta limpieza de edificios por 1,8 millones de euros al año, al igual que la recogida de residuos y aseo urbano, sin contrato desde junio de 2016.