Instalaciones con techos de uralita, goteras, cables y cuadros eléctricos sin protección y una supuesta falta de control en la recopilación de datos personales. Son algunas de las deficiencias que los delegados de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han denunciado a la junta de personal del Ayuntamiento de Torrevieja sobre el funcionamiento del albergue de animales.

En un escrito el 14 de septiembre los representantes del CSIF señalan que los trabajadores «carecen de equipos de protección individual para los trabajos que desempeñan», además de «cualquier formación y cualificación». Remarcan que el vehículo para la retirada de animales carece supuestamente de homologación por no estar separada la parte delantera de la caja de transporte trasera. Las instalaciones no tienen acceso para personas con movilidad reducida y la instalación eléctrica no cuenta con «seguridad, los cables están por fuera al alcance de los usuarios», al igual que cuadro eléctrico «al aire libre». La oficina de atención al público, «tiene goteras, no tiene toma de tierra» y el «cableado que da suministro eléctrico» se encuentra en un estado «lamentable con todos los cables sin protección». Las casetas destinadas a la custodia de los animales están cubiertas por fibrocemento (uralita) que ahora está prohibido para la construcción.

Otro capítulo lo protagonizan los voluntarios. El sindicato muestra especial preocupación por el tratamiento de datos de carácter personal que, a su juicio, podrían estar al alcance de esas personas, dado que la legislación dispone que el tratamiento de ficheros debe asignarse al personal funcionario. Es la primera vez que este sindicato de funcionarios saca a relucir las deficiencias en aspectos materiales del albergue. Problemas que arrastra, al menos desde mediados del anterior mandato del gobierno municipal, cuando el núcleo zoológico tuvo que reorganizarse y perder superficie por las obras de ampliación de la avenida de Rosa Mazón.

En estas dependencias trabajan dos funcionarios, además del refuerzo del plan de empleo joven de la Generalitat, con otros dos empleados que realizarán su labor en ese departamento un año. Cuenta con la colaboración diaria de un grupo de voluntarios, que se dedica, sobre todo, a sacar a pasear a los animales enjaulados por los aledaños de la parcela y a intentar responder las solicitudes de adopción.

Estas instalaciones, como un buen número de protectoras y albergues en la provincia, fueron objeto de una inspección del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) hace unos meses. Los agentes detectaron deficiencias pero no hay constancia de que se impusieran sanciones. La edil Carmen Morate (Los Verdes) admitió ayer alguna de las carencias materiales -techos de uralita, cableado, accesibilidad o goteras- denunciadas por el sindicato y recordó que asumió unas dependencias en malas condiciones y pendientes de un proyecto de reforma del anterior mandato del PP que nunca se llevó a cabo por incumplimiento de la empresa que amplió la Avenida de Rosa Mazón -anexa al albergue y cuyas obras, además, mermaron la superficie disponible-. En este sentido explicó que ahora el Ayuntamiento cuenta con una partida para adjudicar de aquí a diciembre una inversión de 300.000 euros. La edil aclaró otros aspectos como inciertos. Por ejemplo, explicó que sí hay vestuario de protección para los trabajadores, aunque estos, con amplia experiencia como laceros, muchas veces no lo utilicen. También recordó que recientemente la Generalitat les eximió de contar con un coche homologado para los animales, y sobre todo, remarcó que los ficheros con los datos incorporados en los microchips solo son consultados por los funcionarios, mientras que los voluntarios sí que gestionan los datos que ellos mismos recopilan de la red de adopción de animales.