El exconcejal de San Fulgencio Jeffrey Witold Wiszniewski, del Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN), ha reconocido que cometió un delito de prevaricación y ha aceptado una pena de siete años de inhabilitación para cargo público. Los hechos que llevaron al exedil a sentarse en el banquillo de los acusados ocurrieron durante la preparación de las fiestas de la urbanización La Marina en 2011, cuando se facilitó la contratación para adjudicar los trabajos a una determinada mercantil. Ello causó un perjuicio a las arcas municipales de 9.582,34 euros, un dinero que tendrá ahora que ser devuelto al Ayuntamiento por él, la que era su asesora y la empresa que se hizo con el contrato.

El pacto al que se ha llegado entre los acusados y la Fiscalía ha suspendido la celebración del juicio oral y les exime de un delito de fraude del que también estaban acusados y por el que se solicitaba una pena de dos años y medio de prisión. Aunque los procesados habían defendido su inocencia hasta el último minuto antes del juicio, finalmente han preferido aceptar la pena de inhabilitación y no enfrentarse a un hipotético ingreso en prisión. El concejal se encuentra apartado en este momento de la política puesto que renunció a su acta de edil y a la presidencia de su partido en 2015, cuando trascendió que estaba siendo investigado por unos hechos que ahora ha reconocido.

Wiszniewski fue durante el pasado mandato un pilar fundamental en el gobierno del Partido Popular (PP) puesto que con su voto ambas formaciones tenían mayoría absoluta en el Ayuntamiento. El entonces edil asumió las competencias para la gestión de los servicios y las actividades en el ámbito de las urbanizaciones, como sucedía en el caso de La Marina.

Asesoramiento

Para desarrollar su labor, el exconcejal nombró como directora de su gabinete a Juana Rosalía Mora, quien realizaba funciones de asesoramiento y apoyo legal. Según la Fiscalía, ambos, a fin de beneficiar a la empresa Sindi Creative Group SL, administrada por José Antonio Mas, se concertaron para que el contrato relativo a la organización de fiestas de La Marina se realizara a favor de esa mercantil, a la que se pagó 28.970 euros más 5.214,60 por IVA. Según el relato de los hechos del fiscal, el 21 de julio de 2011 se inició el procedimiento de contratación para esas fiestas bajo la fórmula de negociado sin publicidad e invitando a tres empresas a que presentaran sus ofertas. Sin embargo ese mismo día ya apareció publicado en diferentes páginas web que las fiestas serían organizadas por la citada empresa indicándose asimismo las actividades que se iban a realizar. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente cuando el Ayuntamiento envió las invitaciones a las tres empresas para que presentaran sus ofertas.

Fue Sindi Creative Group SL la que después presentó la oferta económica más ventajosa para el Ayuntamiento, por lo que se adjudicó el contrato. La mercantil había incluido eventos como actuaciones musicales o fuegos artificiales que no se recogían en el pliego porque sería financiadas por administraciones públicas como el Ayuntamiento y la Diputación. Ello contravenía las propias bases, ya que supuestamente todo lo que se ofertara tenía que correr a su cargo en términos económicos.

Perjuicio económico

Todo ello perjudicó a las otras dos empresas que presentaron ofertas, dado que podrían haber realizado ofertas económicas más bajas de haber tenido conocimiento de que parte de las actividades serían sufragadas por el Consistorio. Asimismo se consideró que eso podría causar un perjuicio económico al Ayuntamiento si del precio de adjudicación no se deducían todos esos gastos.

Además, en Junta de gobierno se aprobaron después gastos relativos a la organización de las fiestas sobre actuaciones musicales, cuñas publicitarias o servicio de vigilancia que acabó pagando el Ayuntamiento en vez de el adjudicatario.

Por todo ello se cifró en 9.582,34 euros lo defraudado al Ayuntamiento, que es la cantidad que ahora tendrán que devolver.