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Torrevieja

El Ayuntamiento pedirá a la delegación de la FAPA Gabriel Miró en Torrevieja que devuelva ayudas sin justificar

La subvención, de 281.000 euros, se entregó en el curso 2013/2014 para garantizar el transporte escolar de cinco centros educativos y la apertura de su sede

Imagen del transporte escolar en un centro educativo de Torrevieja.

El área de Intervención del Ayuntamiento de Torrevieja ha detectado una falta de justificación en la subvención de 281.000 euros que recibió la delegación de la Federación Provincial de Padres de Alumnos Gabriel Miró en el curso 2013-2014. La ayuda fue concedida a la FAPA para que gestionara el transporte escolar individual de cinco centros educativos y contar con sede propia en el Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja. Este supuesto «agujero» de dinero público sin justificar se ha desvelado a través del programa de control financiero permanente que llevan a cabo todas las administraciones locales, impuesto por el Ministerio de Hacienda. En este caso, a través de una auditoría encargada por la Intervención, que permite echar la vista atrás de cuatro anualidades, y que ha analizado subvenciones en todas las áreas. Se han detectado otras irregularidades en entidades que recibieron ayudas municipales -por ejemplo, algunos clubes deportivos-, pero de cuantía casi irrelevante en comparación con la que, si el procedimiento continúa, el Ayuntamiento va a reclamar a la FAPA. La «Gabriel Miró» es la principal federación por número de asociaciones de padres del colegios públicos en la provincia.

Del montante total, 5.800 euros corresponden a la ayuda para el funcionamiento de las propia delegación a la FAPA en Torrevieja y, 274.000 a las ayudas individuales que esta entidad gestionó para el transporte escolar, siempre según el informe. La FAPA conoce los resultados provisionales de la auditoría desde el pasado 3 de abril. En ese momento alegó. El documento definitivo se emitió, con el rechazo de las alegaciones por parte de la auditora, el 2 de junio. El área de Educación y la parte «política» del gobierno municipal solo tuvieron conocimiento de que se había realizado este estudio y de sus resultados a principios de agosto, según ha podido confirmar este diario.

Una de las alegaciones de la «Gabriel Miró» al requerimiento municipal fue que la documentación se perdió en el «desalojo» municipal durante este mandato de su sede el Centro Cultural Virgen del Carmen. Orden que fue denunciada en el juzgado por la FAPA. La auditora respondió que en la denuncia se indica se había perdido material pero no que echaran en falta esa documentación justificatoria del gasto.

Antecedentes

Hasta el año 2012 miles de alumnos de Torrevieja con sus centros situados a menos de 3 kilómetros disfrutaban de transporte escolar gratuito. Para el curso 2013/2014 el alcalde Eduardo Dolón (PP) y el concejal de Hacienda, Joaquín Albaladejo (PP), tuvieron que eliminar el servicio gratuito al asumir las limitaciones del plan de ajuste y la conclusión del contrato con la empresa que lo realizaba. Un sistema único en toda la provincia, con escasos requisitos de acceso y que había funcionado a través de un gasto millonario -casi 4 millones de euros anuales-.

Para intentar limitar el golpe que suponía para las familias la suspensión de la gratuidad el gobierno local dispuso un plan de ayudas municipales individuales. Con la salvedad legal de que el Ayuntamiento no podía contratar a las empresas de transporte directamente si quería subvencionar el servicio. Debían ser los padres los que lo gestionaran. Algo que dejó el precio en 15 euros por dos viajes diarios y 30 por cuatro. Las asociaciones de padres, de la noche a la mañana, se convirtieron en contratadores y gestores de las solicitudes. Una parte de los colegios fue asumido por la delegación de la FAPA, y el resto por cada una de las asociaciones de padres.

En 2015, el gobierno de coalición actual eliminó este sistema y elaboró unas bases por concurrencia competitiva para que cada uno de los beneficiarios del transporte no oficial, de menos de tres kilómetros, optara a las ayudas de forma individual en función de su situación personal. Decisión que causó polémica porque encarecía el servicio y defendida por el edil de Educación y Hacienda, José Hurtado, para evitar irregularidades y gastos injustificados.

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