14 de septiembre de 2017
14.09.2017
San Fulgencio

El alcalde acusado de prevaricar se escuda en la interventora y declara que ahorraba dinero

El fiscal pide 9 años de inhabilitación a Carlos Ramírez (PP) por pagar 190.000 euros por convenio a un club deportivo que se fundó tras ganar él la Alcaldía por un reserva de su lista - El político dice que ahorraba dinero

14.09.2017 | 01:21
Los tres acusados ayer en el banquillo y de espaldas, como ordenó el juez que se hiciera la foto.

El exconcejal del área y el presidente se enfrentan a la misma pena.

El alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez (Partido Popular), justificó ayer el pago de más de 190.000 euros a la asociación que gestionó las escuelas deportivas municipales el pasado mandato y dijo que tanto el convenio de colaboración entre ambas entidades como las transferencias económicas que se le hacían periódicamente estuvieron avaladas por el secretario y la interventora del Ayuntamiento. «Nadie puso problemas, nadie dijo que fuera ilegal... el primer año dio muy buenos resultados, ahorramos dinero y hubo mucha más participación en las escuelas... Se hacía así en la mayoría de pueblos de la Vega», aseveró.

Carlos Ramírez se sentó ayer en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación. Se enfrenta a una pena de nueve años de inhabilitación para cargo público a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Ramírez no acudió solo. A su lado, en el banquillo, se sentaron, también como acusados, el exconcejal de Deportes, Pascual Sempere, y el presidente de la asociación Club de Fútbol Sporting San Fulgencio, Antonio Irles, a quien se encargó la gestión de las escuelas y quien iba en la lista del PP en 2011. Ambos se enfrentan a la misma pena de privación de derechos.

A preguntas del fiscal, el primer edil dijo desconocer por qué en el convenio firmado entre el Consistorio el y el club deportivo no se incluyó la fecha de su formalización y tampoco el dinero que debería recibir anualmente. Ramírez aseguró también que no sabía el motivo por el que se incluyó una cláusula que especificaba que sólo tendría validez durante un año y que después se sacaría el servicio a licitación, algo que no se hizo. «¿Cómo es posible que el secretario no pusiera pegas? Nosotros hicimos el convenio porque era lo mejor para el municipio, para gestionar mejor y con menos dinero. Yo no dije que no se pusiera la fecha ni que fuera para un año. Nadie puso problemas ni dijo que fuera ilegal», declaró el alcalde. El mismo aseguró que no sabía a cuántos monitores se contrataron con esos fondos ni si estos estaban sujetos a un contrato laboral. «Soy alcalde y lo controlo todo, pero no puedo ir al detalle». El fiscal expuso que la asociación para gestionar las escuelas deportivas se creó pocos días después de que Ramírez llegara a la Alcaldía y que estaba liderada por Irles, si bien el primer edil defendió que todo este asunto «no tenía nada que ver con política», sino con deporte. Ramírez expresó que desconocía también si, cuando en agosto de 2011 el club le pidió que se abonarán casi 26.000 euros para cubrir los gastos del primer trimestre de las escuelas, se había aprobado ya el convenio.

Durante el interrogatorio se produjeron momentos tensos entre el representante del Ministerio Público y el regidor, hasta el punto que el juez tuvo que pedir a Ramírez en varias ocasiones que bajara el tono de voz y se relajara.

A preguntas de los abogados de la defensa, el alcalde de San Fulgencio defendió en varias ocasiones que no sabía si el procedimiento se había hecho correctamente o no porque «no entiende de leyes» y para eso estaba el secretario, aunque lo que sí tenía claro es que todo el dinero que el Ayuntamiento transfirió a ese club fue justificado conforme a los gastos que hubo.

Coordinador

Por su parte, el exconcejal Sempere rechazó que él diera órdenes al club para decir qué gastos tenía que solicitar al Ayuntamiento. Declaró que todas esas gestiones las hacía el coordinador de las escuelas deportivas. También que fue él quien se ocupó de la selección de los monitores que se contrataron y que sólo se le puso un requisito, que fueran del municipio. «Cuando entré como concejal había una empresa y nos parecía cara, había que buscar otra alternativa... Cuando se aprobó el convenio yo llevaba un mes de concejal, no sabía si se podía firmar por una cantidad superior a los 18.000 euros. No se fijó una cuantía máxima porque no se sabía cuánto costaría... El secretario jamás me dijo nada... la interventora no puso reparo a ningún pago», expuso en el juicio.

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