El Partido Demócrata de Rojales (Pader) ha recurrido el acuerdo plenario mediante el que el gobierno socialista y la oposición del PP acordaron prorrogar 10 años el contrato que rige la concesión del servicio de agua . Según dicho grupo, esa resolución es «lesiva» para los vecinos ya que creen que si la contrata se sacara a licitación podrían obtener mejores condiciones. También opinan que las obras propuestas se podrían ejecutar a menor coste.

El acuerdo aprobado en pleno fija una prórroga de 10 años de la contrata a cambio de que la empresa ejecute un proyecto en el que está previsto invertir 4.152.000 euros para reestructurar y potenciar las depuradoras del municipio y habilitar una gran zona recreativa en el parque del Recorral, con cinco lagos por los que discurrirá parte del agua saneada.

El recurso de reposición presentado por el Pader explica que «el acuerdo plenario recurrido procede a la adjudicación de un contrato administrativo a favor de la concesionaria municipal (...) que constituye un posible fraude contractual». Este grupo de la oposición recuerda que el primer contrato con la mercantil se firmó en 1991 y con esta nueva prórroga se quiere alargar hasta el 2031, lo que a su juicio supone eludir la legislación contractual sin sacar el servicio a concurso para que lo siga prestando la misma firma.

«El acuerdo plenario constituye un abuso por parte del equipo de gobierno y parte de la oposición, desvirtuando la naturaleza y los principios que rigen la contratación pública», añade. Otro de las motivos que según el Pader ha motivado su recurso es que, aunque la prórroga se fundamenta en la no subida de las actuales tarifas y sobre el hecho de que las obras que se acometerán se financiarán con cargo a esa prórroga, eso es algo que no quedó garantizado en el acuerdo plenario.

Con respecto a las tarifas el Pader alega que la empresa «dice que se compromete a realizar un estudio de costes del servicio a fecha de la finalización de las obras que se pretenden financiar, en el que se tengan en cuenta todas las variables de prestación del servicio, incluyendo el coste de amortización de la inversión realizada». A ese respecto señalan que el informe del técnico municipal «es claro» y especifica que «hay que tener en cuenta que el concesionario repercute la amortización de las obras en las tarifas del servicio a las que se les aplica el IVA».