La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Orihuela ha decidido el sobreseimiento provisional de las actuaciones penales contra la alcaldesa de Albatera, Rosario Ballester (actualmente de baja médica) y un vecino de la localidad al que ésta firmó dos licencias de obra en unos terrenos que otra vecina del municipio reclama como suyos. Las diligencias estaban abiertas por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida y contra la ordenación del territorio contra la regidora de UPyD y el vecino que, supuestamente, usurpó unos terrenos que no son de su propiedad y que, a pesar de esto, recibió dos licencias de obra firmadas por la regidora albaterense. En el auto ambos aparecían en calidad de investigados, antes imputados.
La jueza ha decidido sobreseer provisionalmente la causa, que no el archivo definitivo de la misma, a la espera de la sentencia del procedimiento civil abierto y cuyo juicio ya se ha celebrado. Tanto Ballester como el vecino solicitaron que se aportara ese procedimiento a la causa, lo que ha obligado a la jueza a esperar a que haya una sentencia de la misma. Se trata de la demanda que interpuso el denunciado en la que reclama como suyos esos terrenos que la denunciante asegura que los usurpó. Éste señaló en el juicio que tenía un acuerdo verbal con el padre de quien lo ha denunciado para la permuta de esos terrenos en litigio por otros que supuestamente le cedió a unos 300 metros de esa parcela y que son propiedad de quien estaba siendo investigado en la causa penal.
Sin embargo, tanto la denunciante como su padre negaron en el juicio que se hubiera llegado a tal acuerdo y pidieron que se demostrara con documentos esa presunta permuta, algo que finalmente no ocurrió ya que su vecino indicó que era un acuerdo verbal y no escrito.
Ahora habrá que esperar a que salga la sentencia, no más de 3 meses, que será clave en este asunto, ya que si es favorable al denunciado la causa penal podría archivarse definitivamente. De lo contrario, la jueza la volverá a reactivar.
La investigación penal que estaba abierta, y que se ha sobreseído provisionalmente, surgió tras la querella interpuesta por la propietaria de una parcela en la que su vecino realizó unas obras alegando que era suya y por las que tuvo licencia en junio de 2016 firmada por la alcaldesa Rosario Ballester, quien señaló a este diario que todo lo que firmó lo hizo con el visto bueno de los técnicos. El fiscal pidió un informe completo al Seprona quien detectó supuestas irregularidades según señaló en su informe y pidió al Consistorio la licencia de todas las obras en esa parcela y en las de alrededor.
