El que fuera presidente del Administrador de Infraestructura Ferroviarias (Adif) entre enero de 2013 y noviembre de 2016, Gonzalo Ferre, ha sido llamado a declarar el próximo 21 de septiembre como investigado por el fraude millonario en el tramo del AVE entre Crevillent y la capital murciana, que atraviesa toda la comarca de la Vega Baja.

Así se recoge en una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, del Juzgado de Instrucción de Murcia tras recibir un informe elaborado por la Guardia Civil en el que, entre otros documentos, se recoge la declaración prestada por este expresidente de Adif el pasado julio en dependencias de la Benemérita en la ciudad de Murcia.

El acta de su declaración señala que al comienzo del interrogatorio los agentes le preguntaron si tuvo conocimiento del informe elaborado por una empresa de asistencia y control de las obras de reposición de regadíos afectados por el citado tramo del AVE, en el que se recogían presuntos «desvíos millonarios» en la ejecución de las mismas.

Ferre aseguró entonces que tuvo conocimiento de la presentación de ese informe en agosto de 2016 y que, cuando fue informado de ello por su gabinete, «dio instrucciones al personal del mismo para que lo entregasen por el registro de Adif y que se le diese cuenta a la Guardia Civil».

Y añadió que esas instrucciones las comunicó de forma telefónica, ya que se encontraba entonces de vacaciones, «pero que le constaba que se dio curso a las mismas y que fueron transmitidas por su gabinete a la nueva directora general de Adif, Isabel Pardo de Vera».

Durante su declaración, dijo que no había tenido ninguna relación con uno de los principales imputados, el ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, José Manuel Fernández Pujante, quien sigue a día de hoy ligado a la institución milenaria que agrupa a más de 30.000 regantes en el Bajo Segura.

Aseguró que tampoco conocía que el igualmente investigado José Luis Martínez Pombo, que fue jefe de infraestructuras de la empresa en Levante, organizaba unas «fiestas temáticas» con contratistas de la misma, que es otra de las cuestiones que aparecen en el sumario.

Finalmente, aseguró que no había recibido recompensa o dádiva alguna de las empresas presuntamente implicadas en el fraude. La entrega de «mordidas» fue reconocida por el jefe de la empresa subcontratista de los trabajos, Juan Ortín, que declaró haber dado importantes cantidades de dinero al citado Fernández Pujante y a un hermano de este y también investigado en el caso. El fraude se habría cometido mediante la emisión de facturas supuestamente falsas o sobredimensionadas. El juzgado de Aguas de Orihuela se encuentra en el centro de esta trama y, además, del ingeniero Fernández Pujante, también se encuentra entre los investigados el que era juez en aquellos años.