Los usuarios de la Residencia Oriol, dirigida a personas con discapacidad, no han salido este mes de agosto de campamento, como era habitual. Este verano se han quedado en el propio centro a pasar las vacaciones a cargo de una empresa externa que se ocupa de organizarles actividades. La mercantil ha sido contratada a toda prisa por el Ayuntamiento de Orihuela por 10.700 euros. Esa decisión fue criticada ayer por la oposición socialista, que considera que los beneficiarios se han visto privados de ese recurso de ocio y, además, se ha tenido que recurrir a una firma privada para que el centro siguiera abierto «por la falta de previsión» del equipo de gobierno.
La portavoz del PSOE, Carolina Gracia, explicó ayer que el Consistorio ya tenía previsto que debía contratar a una empresa para la prestación del servicio del campamento vacacional. De hecho, el expediente relativo a esa contratación se aprobó en Junta de Gobierno el 20 de junio de 2017. El contrato debía servir para cubrir las necesidades vacacionales de los usuarios en agosto, Navidad y Semana Santa. En total, 36 días al año. Sin embargo el proceso se fue demorando y no fue hasta ayer cuando se procedió a la apertura de las ofertas de la tres empresas que se presentaron al concurso.
La edil socialista señaló que «una vez más llegan tarde en un proceso de contratación, puesto que el contrato debió adjudicarse para poder prestar los servicios durante al menos 20 días del mes de agosto. Ante esta situación de nuevo el equipo de gobierno se ha visto en la necesidad de recurrir a un contrato menor para cubrir el servicio que se pretendía contratar durante este mes».
Desde el grupo socialista explicaron ayer que esta contratación es la primera vez que se lleva a cabo por parte del Ayuntamiento de Orihuela. «No es lógico que se haya decidido externalizar este servicio privando a los usuarios de una oferta de ocio fuera del lugar en el que residen todo el año», valoró Gracia. Con este contrato los socialistas afirman que lo que se pretende «no es mejorar las condiciones de los usuarios durante períodos vacacionales, sino intentar cubrir una mala planificación en cuanto a las necesidades de personal del centro, puesto que el Ayuntamiento era conocedor de que la residencia debía estar abierta durante todo el año y no cerrar durante agosto».
Dos años
El importe que se prevé pagar para contratar este servicio asciende a 37.059,92 euros anuales con una duración prevista de dos años. Sin embargo, debido al retraso en terminar el proceso se han tenido que pagar a una empresa esos 10.700 euros para salir del paso este verano.
Por todo ello el grupo socialista ha pedido explicaciones a la responsable del área, Sabina Galindo. Desde el PSOE cuestionan que para cubrir el servicio durante 20 días este verano se vayan a pagar 10.700 euros y para cubrirlo durante 36 días, incluyendo las vacaciones de Navidad y Semana Santa, se pretendan pagar 37.059,92 euros. «No salen las cuentas. O este verano no se está prestando el servicio en las debidas condiciones o bien el contrato que se pretende adjudicar es muy caro», concluyó la edil socialista.
