El Ayuntamiento de Torrevieja ha sido condenado a sufragar los trabajos de demolición de una rotonda ubicada en la avenida de las Cortes Valencianas. Dicha infraestructura fue ejecutada por un promotor de forma irregular en 2007. Sin embargo, un juez ha determinado que la responsabilidad de restaurar la legalidad recae sobre administración local. Primero porque permitió su puesta en funcionamiento, y segundo porque ha consentido que se utilice durante una década y se ha ocupado de su mantenimiento. Por lo tanto, considera que es una propiedad municipal.

La secretaria de la Junta de Gobierno Local, Fanny Serrano, explicó ayer que el Consistorio, por recomendación de su letrado, ha decidido acatar este fallo del juzgado de lo contencioso-administrativo Número 1 de Elche y asumir el coste de derribo de una rotonda que se construyó «sin soporte legal y sin estar contemplada en el instrumento de planeamiento que desarrolló el sector en el que se ubica, el 13». Según la edil, existen informes técnicos que dicen que es peligrosa y que no cumple con el espacio de retranqueo necesario. Por todo ello dijo que se ha acordado «depurar las posibles responsabilidades» entre quienes permitieron esta actuación.

La rotonda está ubicada en una de las principales arterias del municipio y junto al IES Las Lagunas. Según dijo ayer Serrano, el PP incoó en 2012 un expediente de restauración de la legalidad urbanística que se dejó caducar. Tras el cambio de gobierno de 2015, se inició un nuevo procedimiento que acabó con un acuerdo de la Junta de Gobierno dando orden de demolición de la rotonda a la empresa adjudicataria, Jardinería Obras y Servicios de Guardamar y Torrevieja «por la manifiesta ilegalidad del elemento, solicitando que se procediera a restaurar la legalidad y con la imposición de multas coercitivas por no haberla restaurado voluntariamente», prosiguió la edil.

Recurso

La mercantil que ejecutó la infraestructura como agente urbanizador decidió recurrir ese dictamen utilizando dos argumentos: la caducidad del expediente y la alegación de vulneración del principio de confianza legítima. Aunque la sentencia sobre este asunto los desestima, sí ha estimado el fondo del recurso al considerar que «la rotonda aunque se realizó de forma ilegal se hizo con el conocimiento del Ayuntamiento y el consentimiento del gobierno municipal de 2007». La edil señaló que esa empresa aportó un acta de recepción provisional de las obras de fecha 8 junio de 2007, y eso es lo que justifica que el Ayuntamiento era plenamente consciente de lo que estaba pasando. Serrano anunció que ahora se redactará un proyecto para ejecutar el derribo y enfatizó con que «se van a depurar posibles responsabilidades porque las cosas no salen gratis y no se puede malgastar el dinero público sin consecuencias».