El litoral de Orihuela seguirá siendo una importante fuente de financiación extraordinaria para el Ayuntamiento. La costa concentra 32 parcelas de propiedad pública en suelo urbanizable, todo un caramelo en una zona en la que el sector de la construcción está en pleno repunte. Son terrenos cuyo valor está estimado en más de 57 millones de euros. El Consistorio tiene la potestad de venderlos cuando quiera para obtener ingresos e invertirlos en determinados proyectos.
Esa tasación fue calculada hace seis años, en plena crisis del ladrillo, pero ahora podría ser superior habida cuenta de que los promotores inmobiliarios han vuelto a poner el foco en esta zona, que registra su particular boom de la construcción. De hecho, en los dos últimos años se comenzaron a construir casi 1.900 nuevas viviendas.
El equipo de gobierno no es ajeno a esa situación y ya tiene todo el trámite preparado para sacar a subasta cinco de esas parcelas, con las que espera ingresar al menos 8,9 millones de euros. Aunque este proceso no se ha anunciado públicamente, ya hay promotores merodeando por el Consistorio. De hecho, uno de ellos ha pedido que «se le informe con carácter prioritario» si se subasta una de las propiedades más valiosas, tasada en más de cuatro millones de euros. Es precisamente una de las que la administración pondrá en venta.
Nuevas promociones
Las 32 parcelas emplazadas en el litoral oriolano suman casi 294.000 metros cuadrados. Casi todas ellas son de uso residencial, aptas para levantar nuevas promociones de viviendas. También hay alguna de uso terciario. El Ayuntamiento prevé desprenderse de tres en el PAU 26 cuyo valor se estima en 992.168 euros, 536.000 euros y 736.000 euros; y dos en «El Barranco», por 2.372.724 euros y 4.282.086 euros.
El gobierno que lidera Emilio Bascuñana desveló a finales de julio que tenía intención de sacar a subasta alguna parcela e incluyó en el nuevo presupuesto, aprobado esta semana, ingresos previstos por valor de 800.000 euros de esa operación, aunque lo que se pondrá a la venta rozará los nueve millones, o más. La enajenación de terreno público se lleva preparando desde hace varios meses y está ya prácticamente lista para iniciar la subasta. Ello aunque el portavoz del gobierno, Rafael Almagro, señaló hace un par de semanas que todo este asunto se encontraba «en fase de estudio».
Certificados
Fue en mayo cuando el Ayuntamiento pidió a la Conselleria de Vivienda que expidiera certificados de la inscripción de esas cinco parcelas en el Registro Autonómico de Patrimonio Público de Suelo. Poco después se encargó a una ingeniera la medición de esas parcelas, un trabajo que costó 1.908 euros. También se ha pedido una retasación de los terrenos para ajustarlos al precio actual, si bien ese es un dato que no ha trascendido. No lo sabe ni la oposición, que ha pedido acceso al expediente y le han dado fecha para dentro de un mes.
Aunque el gobierno bipartito (PP y Cs) ha tratado de ser sigiloso con este asunto hasta tenerlo preparado, lo cierto es que ya hay interesados en esas fincas. Un promotor registró el 4 de julio un escrito en el Ayuntamiento mostrando su interés por adquirir la parcela de mayor valor que saldrá a subasta, de 22.236 metros y que linda al norte con la Rambla de las Estacas y al este con la AP-7. El escrito llegó en nombre de la Agrupación de Interés Urbanístico del sector E-2 el Barranco. En ese documento se recuerda al Ayuntamiento que, al ser propietario de dicha parcela, tendría que haber pagado ya 767.593 euros en concepto de costes de urbanización, y todavía los debe.
Con todos estos datos sobre la mesa, la oposición socialista se pregunta si ha sido casualidad que la parcela más valiosa que el Ayuntamiento, por un criterio político, ha decidido vender, resulte ser la misma que está siendo solicitada por un promotor que, se supone, no sabía que el Ayuntamiento planeaba una subasta de parcelas. Se trata de la cuarta finca con mayor extensión de las que dispone el Consistorio y la tercera con mayor valor económico.
Almagro asegura que nada tiene que ver una cosa con la otra y dice que a las subastas concurren todos los interesados en igualdad de condiciones. Defiende que es un buen momento para vender dado el repunte en el sector y dice que se apuesta por enajenar parcelas con cargas económicas, para así aumentar ingresos y reducir deudas. Mientras el edil defiende la transparencia del proceso, la oposición sigue teniendo dudas.
