Seis años ha tardado el Ayuntamiento de Torrevieja para acatar una sentencia que le obliga a devolver 46,28 metros de un terreno que fue ocupado de forma ilegal. Ocurrió durante la construcción de la Sala de Exposiciones Vista Alegre. El proyecto incluyó un patio interior que se habilitó en parte sobre una propiedad privada. La empresa que era dueña de ese terreno llevó al Consistorio al juzgado y, tras años de pleitos, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) le dio la razón en 2011. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha decidido realizar una obra para devolver la superficie usurpada de forma irregular.

Ejecutar el proyecto para restaurar la legalidad costará alrededor de 5.000 euros, aunque el Ayuntamiento también tiene que pagar una indemnización a la mercantil afectada, Travensa, tasada en el 15% de 198.000 euros por la ocupación indebida, según explicó ayer la edil Fanny Serrano. Con las obras también se tendrá que restablecer la salida a la vía pública del edificio colindante que se había bloqueado con la construcción de un muro. La concejala recordó que esa mercantil se hizo con el terreno tras una subasta del edificio donde estuvo ubicada la Casa Cuartel de la Guardia Civil, en el Paseo Vista Alegre.

Para solventar toda esta situación, el Ayuntamiento ha aprobado ahora el proyecto de obra, que fue validado ayer durante una reunión de la Junta de gobierno. El mismo ha sido realizado por la arquitecta municipal, sin coste adicional para el Consistorio. Consiste en «establecer las obras de remodelación y reposición que requieren las actuaciones para demoler dos muros, en un caso desplazándolo para pasarlo a la línea de fachada y en el otro para desbloquear la salida al Paseo Vista Alegre al que tiene derecho la mercantil», según se explicó ayer desde el Ayuntamiento.

Serrano apuntó que el Consistorio se puso en contacto con la empresa propietaria del terreno porque, aunque la sentencia manifestaba que el terreno ocupado era de 46,28 metros cuadrados, en realidad no era tanto. La edil calculó que en realidad eran en torno a 21 metros.

«Ellos están de acuerdo en el proyecto y en cómo vamos a restaurar la legalidad a la que nos obliga desde hace tantos años la ley y a la que se ha hecho caso omiso», dijo la concejala.