01 de agosto de 2017
01.08.2017

El TS confirma que un exedil y un empresario de Redován serán juzgados por un jurado

José Manuel Cartagena y el empresario supuestamente amañaron el contrato del servicio de agua potable y alcantarillado

01.08.2017 | 10:48
El exconcejal Cartagena en la entrada del juzgado de Orihuela.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado que un jurado popular deberá juzgar al exconcejal socialista de Redován José Manuel Cartagena y a un empresario por supuestamente amañar el contrato del servicio de agua potable y alcantarillado de la localidad, el conocido como 'caso Cambiazo'.

Así se recoge en una sentencia, fechada el pasado 6 de julio y a la que ha tenido acceso Efe, que desestima el recurso de casación interpuesto por la fiscalía contra un auto anterior de la Audiencia de Alicante que ordenaba devolver la causa al juzgado que la instruyó en Orihuela para que sea tramitara por el procedimiento de jurado popular.

Los hechos se remontan a julio de 2010, cuando el propio ayuntamiento descubrió que la oferta presentada por una empresa al concurso del agua, la mejor de todas, había sido alterada para que otra aspirante se hiciera con la adjudicación.

Los presuntos responsables de esa supuesta manipulación fueron el entonces edil de Servicios, José Manuel Cartagena, que fue destituido unos meses después por la alcaldesa, Leticia Bas (PSPV-PSOE), y el gerente de la mercantil Bluesa, que concurría al concurso junto a Acciona.

La sección séptima de esta última institución, con sede en Elche, suspendió el juicio que debía celebrar contra ambos por presuntos delitos de falsedad documental y tráfico de influencias el pasado mes de octubre tras entender que la causa era competencia de un jurado popular.

La fiscalía recurrió esa decisión en casación ante el TS, pues consideraba que suponía una "vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y al juez ordinario predeterminado por la ley".

Sin embargo, la sección primera de la Sala de lo Penal del Supremo ha ratificado el auto de la Audiencia de Alicante con el argumento de que la acusación particular, que ejerce, Facsa, la empresa que sufrió el cambiazo de su oferta, también acusa al exconcejal de un presunto delito de falsedad documental, y no solo de tráfico de influencias, como hace el ministerio público.

Además, ambos supuestos delitos están conectados y deben ser juzgados en una misma causa, en este caso por un jurado popular, por lo que la celebración de la vista oral sufrirá un importante retraso al retrotraerse las actuaciones a la fase de Instrucción.

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