El Ayuntamiento de Daya Nueva en su día no recurrió la resolución del Jurado Provincial de Expropiación. Ese abono está reconocido en sus presupuestos desde 2010 como obligación pendiente. Sí que ha alegado, sin éxito, la ejecución porque asegura que le es «imposible afrontarlo» y que las cuentas municipales están prácticamente hipotecadas «por ausencia de recursos económicos» y «sin liquidez de Tesorería» hasta 2022 por las exigencias del plan de pago a proveedores.
Esa es la fecha impuesta por el gobierno para cancelar el crédito de 750.000 euros gestionado por este municipio para afrontar la deuda. El informe lo realizó un letrado de la Diputación que asesora al Ayuntamiento ahora gobernado por un partido independiente con el respaldo de un edil del PSOE, frente a la oposición del PP. En esas alegaciones se solicitaba un aplazamiento «sine die» del pago y se indica que el municipio, situado en el corazón de la huerta pero contagiado del «boom» inmobiliario antes de la crisis, está negociando un nuevo crédito para afrontar sus pagos y conveniándolos con distintas entidades. Los reclamantes indican que llevan 5 años esperando, «mientras vemos como el Ayuntamiento celebraba fiestas año tras año y abonaba el importe de las mismas postergando» su «prioritario derecho al cobro». D.P.
