La Dirección de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana considera que el Ayuntamiento de Callosa está legitimado para retirar la Cruz de los Caídos de la Plaza de España. La primera autorización en ese sentido -necesaria al tratarse de un entorno BIC- se dio en marzo, pero el párroco de San Martín presentó alegaciones. Defendió entonces que se trata de un espacio que es propiedad de la Iglesiay apeló también a la «sensibilidad cristiana». A ese respecto, la administración autonómica ha contestado ahora que la parroquia no ha presentado título que acredite la propiedad y ha indicado que España es un país aconfesional.
Lo que el párroco de San Martín, Juan Bautista Samper, trasladó a la Generalitat es que el lugar en el que se ubica el monumento es propiedad de la Iglesia y, a su juicio, el municipio carece de derecho alguno sobre el mismo. En ese sentido defendió que dicho elemento está incorporado «por accesión» al conjunto de la iglesia arciprestal e indicó que está protegido por una pequeña cerca que culmina en la fachada del templo.
A ese respecto, la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, ha considerado ahora que lo defendido por el párroco, al no aportar título de propiedad, contradice la Ley de Bases de Régimen Local, el reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el artículo 344 del Código Civil, «según el cual son bienes de dominio público en los pueblos los caminos, plazas, calles, paseos, fuentes y aguas públicas, y todos los que están destinados a un uso común o servicio público». En su escrito añade que «la valla metálica que circunda la Cruz de los Caídos y la superficie en la que se asienta no forma parte integrante del conjunto inmobiliario de la iglesia, ni existen evidencias de que se haya disfrutado de forma exclusiva por la misma, sino por el municipio y por el común de los vecinos». Indica también que la Cruz y el espacio abierto en el que se asienta «jamás pueden haberse incorporado por accesión a un edificio de titularidad y aprovechamiento privado como es la iglesia».
Amoraga esgrime además y con respecto a evocar a la sensibilidad cristiana que «este elemento escultórico, por sus características morfológicas se asocia indubitativamente a una forma y época determinada de entender la religiosidad...que ha de calibrarse y atemperarse como enseña el Vaticano a la luz del signo de los tiempos y del estado aconfesional que proclama la Constitución Española».
Legitimado
«En definitiva, al no acreditarse el título de propiedad y la superficie concreta sobre la que gravita la presunta titularidad privada... el Ayuntamiento estaría perfectamente legitimado para disponer conforme a derecho de cualesquiera elementos o bienes ornamentales existentes en la misma», concluye el escrito.
Cabe recordar que al tratarse de un entorno que es Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento no podía retirar la Cruz sin el visto bueno de Valencia. En ese sentido, se pidió también autorización para suprimir el cableado eléctrico de la fachada del templo así como las farolas y focos, algo a lo que sí ha dado el visto bueno el párroco.
El acuerdo para la retirada de la Cruz se adoptó en marzo de 2016 para trasladarla a un museo o al cementerio amparándose en la Ley de Memoria Histórica. Meses después la parroquia retiró del monumento las alusiones a José Antonio Primo de Rivera y a la Falange. Aún así, el tripartito intentó retirarla en tres ocasiones, pero un numeroso grupo de callosinos lo impidió. Desde hace siete meses algunos vecinos hacen guardia junto al monolito. En paralelo se han interpuesto tres recursos contenciosos para impedir su retirada. Hasta ahora los jueces han declinado adoptar medidas cautelares para proteger la Cruz hasta que se llegue a juicio, no obstante se han presentado recursos.
