La concejala de Medio Ambiente de Cox, Beatriz Nadal, admitió ayer que hay dos empresas del municipio que están en el punto de mira por estar realizando vertidos contaminantes que no pueden ser correctamente depurados. Ello ha motivado numerosas sanciones de la Confederación a la mancomunidad de la depuradora de Callosa. La edil dijo que esa situación no es nueva y que se viene repitiendo desde hace más de 10 años. Asegura que el Ayuntamiento lo sabía y no hizo nada, mientras una de esas mercantiles «estaba vinculada a la familia política del exalcalde, Carmelo Rives». La edil trasladó que el equipo de gobierno actual no quiso mirar hacia otro lado y buscó a un técnico de la Universidad de Alicante que realizó una ordenanza de vertidos fiscal y otra medioambiental que ya han sido aprobadas y están en vigor. Ese técnico ha asesorado también a la mancomunidad de la depuradora de Callosa, que presta servicio a Cox, Granja, Rafal y Redován, para redactar ordenanzas y poder actuar y abordar esta problemática. «A nivel jurídico no podemos actuar si no tenemos un marco normativo específico de la mancomunidad y del Ayuntamiento», apuntó la edil.
Nadal explicó que el principal problema que tienen ambas empresas -una citrícola y otra avícola- es que utilizan agua de pozos que es muy salina y presenta una conductividad mayor de la permitida para arrojarla después al desagüe. La edil dijo que no hay máquinas para tratar ese residuo y eliminar la sal,y lo que se propone es que las empresas la mezcle con otra dulce. Para que no se disparen los costes, apunta a que es necesario pedir a Hidraqua que les apruebe una tarifa industrial. No obstante, la edil se pregunta por qué la Confederación permite a esas empresas usar agua de pozos y después impone sanciones por los vertidos salinos. En su opinión, debería de poner más el foco en los residuos químicos, que contaminan más, y la Epsar tendría que invertir en una depuradora más potente y moderna con tratamiento terciario.
