Las bases del programa de empleo joven T´Avalem especifican que el proceso de selección del personal se podía seguir desarrollando al margen de los recursos e incidencias que se presentaran. El concejal Víctor Ferrández (IU) quiso aclarar que no se ha producido ningún tipo de irregularidad administrativa en la tramitación, algo de lo que le acusó al gobierno local el portavoz del PP, Eduardo Dolón, en el pleno del jueves pasado. «Es falso que se contratara a los solicitantes antes de que estuvieran firmadas las actas», subrayó el edil.

El PP dijo que el decreto para contratar a los beneficiarios del taller y el profesorado se firmó el 1 de junio y las «actas definitivas» con las alegaciones y listado de solicitudes aprobadas el 6 de junio. El concejal Ferrández explicó que hubo un error material. Las fueron previas al decreto, como explican las bases, pero por error se nombró como «acta definitiva» el informe posterior al decreto sobre recursos y alegaciones de los solicitantes. Algo que se subsanará en breve. El concejal subrayó que la Generalitat ha incluido en las bases permitir concluir el proceso de selección al margen de los recursos para acortar plazos, dado que habitualmente la documentación necesaria para este tipo de iniciativas de promoción del empleo requiere tres meses y en T´Avalem dejaba solo uno. De hecho, el decreto del 1 de junio se producía justo al filo de los 30 días que especificaban las bases.

Ferrández puntualizó que si de la revisión de los recursos, incidencias o alegaciones de los aspirantes se hubiera determinado un cambio en los beneficiarios, se hubiera realizado otro decreto para actualizar el listado. Las puntuaciones de la comisión mixta se modificaron pero no hasta el punto de que permitieran que alguno de los alegantes desplazara a alguno de los solicitantes admitidos.

Ferrández indicó que esas bases permiten que las actas sean firmadas solo por la mitad de los componentes de la comisión mixta de valoración de las solicitudes, y sugirió que la oposición lanzó sus acusaciones en el pleno sin haberse leído las bases. En este sentido recordó que el decreto del 1 de junio sí cuenta con el visto bueno del área de Intervención y de Secretaria, que tenían claro que las bases permitían resolver las incidencias y reclamaciones de los aspirantes con posterioridad a la contratación, con el objetivo de agilizar la tramitación.