El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), organizó a comienzos del mes de marzo al menos dos reuniones en su despacho, una con empresarios beneficiados meses antes con un contrato menor del Ayuntamiento y otra con la concejala de Educación, Begoña Cuartero, antes de informar a la dirección regional del Partido Popular del «hallazgo» en su despacho de documentos conteniendo una reproducción de numerosas conversaciones privadas mantenidas con terceros por el presidente local y concejal, Dámaso Aparicio, a través del WhatsApp de su teléfono móvil. Esos encuentros, organizado por el regidor y en los que supuestamente asistió la asesora de Alcaldía, Mónica Díaz, quien mantuvo una más con los dos empresarios, siempre según la versión de Aparicio, sirvieron principalmente para reprocharles a todos ellos su deslealtad hacia él. En la denuncia se añade que el regidor procedió a leer frases textuales de esos mensajes que todos ellos se habrían cruzado con Aparicio ante cualquier justificación que quisieron darle y para demostrarles que sabía perfectamente que lo habían estado poniendo, como se dice popularmente, «como hoja de perejil» a sus espaldas.
Así se hace constar en la denuncia remitida por el máximo responsable oriolano de la marca de la gaviota al Comité de Derechos y Garantías, que ya ha pedido cuentas al regidor y la asesora, antes ante decidir si abre o no expediente. Ayer el alcalde tampoco dio ninguna explicación sobre esta rocambolesca situación - que la dirección provincial ha calificado de «muy grave»- y que se está dando en el municipio más importante en el que gobierna en la Comunidad Valenciana. Quizá hoy lo haga.
Verosimilitud
La denuncia de Aparicio hace un relato de hechos que pretende que sirvan como prueba de la verosimilitud de la misma, esclarecer los hechos y, principalmente, para que se le devuelva toda esta información privada que este ha hecho pública en su beneficio.
El escrito del presidente del PP no sólo explica lo que pasó en esos encuentros en el despacho de la Alcaldía sino que relata otro más en las mismas fechas entre Bascuñana y varios concejales del grupo municipal popular en la cual el regidor les hizo saber a todos que tenía información delicada sobre conversaciones que ellos habían mantenido sobre él, también en tono de reproche, añadiendo que de hacerlas públicas se produciría un grave problema de imagen dentro del grupo municipal. Y esto es lo que al final ha pasado.
Probablemente, con aquel encuentro ante el resto de compañeros, más las entrevistas mantenidas en su despacho con la concejala Cuartero y con los dos empresarios, que finalmente fueron despedidos con el argumento de «pérdida de confianza», Bascuñana pretendiera imponerse en un grupo municipal en el que las voces que disentían de su forma de gestión comenzaban a levantarse, aunque ninguna de ellas lo hizo, por ejemplo, para evitar la firma del pacto con Ciudadanos que sirivió para garantizar la mayoría absoluta el resto del mandato y pese a que algunos desconfiaban del partido naranja como compañero de viaje, así como del hecho de que ambas formaciones «nadan» en el mismo granero de votos: el centro-derecha.
Bascuñana, cuando acudió a la dirección regional, días más tarde, no lo hizo sólo para quejarse de que el presidente en funciones del Partido Popular criticara su gestión a sus espaldas y no sólo con concejales sino con empresarios del sector de la comunicación que, casualmente, le habían ayudado durante la campaña electoral. Sus críticas también se dirigían contra la actual número 2 del PPCV, la oriolana Eva Ortiz, quien entonces ocupaba el cargo de coordinadora regional. De hecho, en esa reunión que tuvo lugar en Valencia, también leyó algunos de los WhatsApp que supuestamente esta se habría cruzado con Aparicio.
En resumen y según la denuncia, Bascuñana y su asesora hicieron uso de los WhatsApp de Aparicio en al menos cinco ocasiones y ante terceras personas para hacer ver la falta de lealtad hacia su gestión y su persona, pero nada de ellos se paró hasta llegar a las más altas instancias regional del partido. Y no fue porque tomaran medida de apoyo hacía él sino porque sólo les interesaba saber cómo aquella información sensible y protegida por la ley había caído en sus manos. Sus explicaciones, tampoco convencieron.
Sin constituirse
El diario también confirmó que este asunto no se resolverá hasta septiembre porque el mes de agosto esté esquina, sino porque Jorge Carbó, su presidente, aún no ha constituido este órgano disciplinario del Partido Popular, lo cual no ha sido óbvice para abrir esta investigación previa en la cual se implica al regidor y a una asesora y que se suma a otra denuncia, también de Dámaso, previa, por el uso de móviles del partido por parte de otro asesor de Alcaldía. El Comité de Derechos y Garantías nacerá con trabajo.
