Un juez de Canarias dictó una sentencia hace apenas un mes que valida una moción de censura prácticamente igual a la que se firmó en Orihuela. El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife autorizó un pleno para una moción de censura firmada por 6 ediles que habían sido expulsados de su grupo sin respetarse los trámites de audiencia y alegaciones.
Populares y liberales podrían ampararse en esta nueva baza en el recurso que presentaron por vulneración de derechos fundamentales en contra de la decisión de la mesa de edad de impedir la votación de la moción de censura del 3 de enero por este caso similar en el Cabildo Insular de La Palma. En este caso, ediles del PP y PSOE firmaron una moción de censura para arrebatar el gobierno a Coalición Canaria. El secretario admitió a trámite la moción pero antes de la votación los socialistas fueron expulsados de su grupo. Sin embargo, al contrario que en Orihuela, la moción de censura salió adelante el pasado noviembre. La presidenta del Cabildo Insular presentó un recurso por vulneración de derechos fundamentales al considerar que la moción no se podía votar porque los concejales eran no adscritos.
Reintegración
Paralelamente, los ediles del PSOE solicitaron medidas cautelares y pidieron su reintegración en el grupo al considerar que su expulsión era irregular. Y estas medidas fueron aprobadas; precisamente, este fue el principal argumento que utilizó el juez para desestimar la demanda interpuesta por la presidenta para dar por válida la moción de censura. El juez no entró a considerar si la expulsión de los concejales fue ilegal pero dijo que, aunque no había sentencia, las medidas cautelares resueltas en la vía civil eran «vinculantes».
