El Ayuntamiento, al acatar la sentencia asume unas conclusiones que no dejan en buen lugar, de nuevo, el funcionamiento interno de la Policía. El fallo determina que los tres recurrentes, a los que el resto de compañeros apodaban, según la sentencia, como «los castigados», fueron objeto de acoso laboral por parte de un mando, quien les retiró el complemento de productividad; los destinó, en solitario, a la vigilancia de rotondas y retenes periféricos sin justificación, en servicios vacíos de contenido; les encargó tareas por debajo de su cualificación profesional y les denegó de forma injustificada permisos y vacaciones. La sentencia explica que los tres demandantes sufrieron el «vacío» por parte de la mayoría de compañeros; especialmente, de los interinos. Los tres agentes son miembros de Comisiones Obreras, sindicato que cuestionó en 2004, en declaraciones a diversos medios de comunicación, que el cuerpo policial empleara a interinos en controles de vehículos tras la muerte de uno en un accidente cuando participaba en uno de estos dispositivos. Tras esos hechos fueron «castigados», a través de un decreto firmado por el entonces alcalde Pedro Hernández Mateo a cubrir rotondas y retenes o en el caso del oficial, y por orden del intendente, «contar coches del depósito municipal». D. P.
