El 31 de diciembre de 2014 la deuda del Ayuntamiento de Torrevieja con los bancos, en el último año completo de gestión del Partido Popular en el municipio, superaba los 62 millones de euros, comprometidos en 18 créditos, alguno de ellos se remontaba a 1998. Hoy, el Ayuntamiento debe a los bancos 20.123.000 euros. 42 millones de euros menos en dos años y medio. Esos 20 millones apenas suponen ahora un 20,6% del presupuesto anual de Torrevieja, cuando el lastre de los préstamos llegó a suponer más del 75%. Esa caída en picado se ha producido coincidiendo sobre todo con el actual mandato del gobierno de coalición de izquierdas. No era precisamente una prioridad para el equipo de gobierno que sus principales decisiones en el área de gestión económica fuera el de amortizar deuda, más bien lo contrario.

El objetivo era invertir en nuevos proyectos para mejorar los servicios básicos de la ciudad. Sin embargo, la ausencia de respaldo a los presupuestos y la imposición del Estado de usar el dinero público, primero para pagar las empresas proveedoras y las entidades de créditos antes que abordar cualquier otro gasto, han supuesto para el Ayuntamiento de Torrevieja un auténtico alivio financiero, que, por otra parte el área de Hacienda que dirige José Hurtado (Los Verdes) va a intentar aprovechar en cuento tenga oportunidad.

Este afán amortizador, obligado por la ley estatal nacida de la crisis para atajar la deuda púiblica y las circunstancias de un gobierno en minoría, no es que entusiasme a las entidades bancarias. A los bancos les encanta contratar créditos con los ayuntamientos, pero les gusta especialmente porque siempre pagan, pero tarde y mal, y eso genera una cantidad de intereses estratosféricos. Por eso el área de Hacienda ha decidido quitarse de encima los préstamos más caros. Y el Ayuntamiento ha pasado de pagar 1,6 millones de euros solo en intereses, a reducir ese capítulo en 2015 a los 657.591; los 542.000 que pagó el pasado año 2016, y espera tan solo tener que desembolsar 141.000 en 2018.

Deuda por habitante

El bajón en la deuda también tiene su reflejo en otra de las referencias económicas de un municiopio: la deuda por habitante. Después de la última amortización se ha situado en 241 euros por habitante, cuando en 2016 se situaba en 462 euros y 658 en 2015. Una reducción a la que también ha «ayudado» el descenso paulatino de población (oficial) de los últimos años. 83.200 en estos momentos frente a 88.000 en 2015.

Todo lo que no se pagar a los bancos en principal e intereses y dejar de incluirlo en el capítulo de gastos corrientes de un presupuesto da margen a la administración local para emplearlo en otras cosas. Y en ese sentido se está elaborando una nueva modificación de créditos que funcione como remedo de un presupuesto, pero sólo en el capítulo de gastos. En eso está el área de Intervención Municipal en estos momentos. Lo paradójico de la restricción de gasto que reclama la legislación es que permite a los municipios endeudarse de nuevo en proporción a todo lo que hayan pagado a los bancos. Es decir, sanear las cuentas municipales para volver a endeudarse.