26 de julio de 2017
26.07.2017

Eva Ortiz advierte que habrá consecuencias si no se pacifica el PP de Orihuela tras la guerra del espionaje

Bascuñana vota en contra del presupuesto del partido presentado por Aparicio. El Comité de Derechos y Garantías pide al alcalde que explique cómo accedió a las conversaciones de WhatsApp del presidente local

27.07.2017 | 13:54
Bascuñana saluda a Ortiz en la reunión del comité ejecutivo del PP celebrado ayer.

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, exigió ayer el cese de la tensión que existe en el grupo municipal de Orihuela y advirtió que si no hay paz se tomarán medidas. Ortiz realizó ayer esta advertencia durante la primera reunión celebrada por el nuevo comité ejecutivo del PP local. Lo hizo después de ver como el alcalde, Emiio Bascuñana, y el concejal Rafa Almagro, fueron los únicos que votaron en contra de la propuesta de presupuestos para el partido a nivel municipal, presentada por el presidente local, Dámaso Aparicio. 

La llamada al orden de Ortiz se realizó en dos ocasiones y se dirigió a los 11 concejales que forman el grupo popular. Se hizo en un contexto de tensión que va en aumento. Muchos de los asistentes a esa reunión se enteraron allí mismo y a través de INFORMACIÓN.ES de que el Comité de Derechos y Garantías del PPCV está investigando una denuncia presentada en junio por su presidente local en Orihuela, Dámaso Aparicio -quien entonces estaba en funciones en el cargo-, para que se investigue cómo el alcalde de la ciudad, Emilio Bascuñana (Partido Popular), ha tenido acceso a conversaciones de WhatsApp de su teléfono móvil. Fuentes de la dirección provincial calificaron de «hecho muy grave» lo que ha denunciado Aparicio, quien quiere que se esclarezca este asunto y se le entregue toda los documentación que este pueda tener en su poder y en la que se reproducirían pantallazos de sus conversaciones, así como imágenes. El presidente del PP oriolano, a la sazón concejal popular, ha puesto en conocimiento del partido estos hechos, ocurridos en marzo, porque considera que otros compañeros pueden encontrarse en su misma situación. El asunto, por ahora, no ha terminado en los juzgados.

El alcalde Bascuñana, quien fue informado a finales de junio de este asunto por el Comité de Derechos y Garantías, declinó realizar cualquier declaración al respecto a preguntas de INFORMACIÓN. El diario confirmó que este órgano de disciplina ya le ha hecho llegar un escrito con acuse de recibo para que dé las explicaciones oportunas que considere antes de adoptar una medida que iría desde dar carpetazo (si les convence) a la apertura de un expediente disciplinario (en caso contrario). El regidor ya habría hecho contestado pero la decisión sobre este espinoso asunto se adoptará después del verano.

Ayuntamiento

Estos hechos, que se arrastran desde hace cuatro meses, han tenido mucho que ver en la cada vez más tensa relación que se ha instalado en el grupo municipal popular en el Ayuntamiento y ha terminado por alinear a algunos con el regidor -como son Víctor Valverde, Miguel Ángel Fernández, Rafael Almagro o Sabina Goretti- mientras el resto, trata de mantenerse al margen, aunque algunos se han integrado ya con cargo en la ejecutiva, como Begoña Cuartero o Francisco Sáez Sironi.

La historia de los mensajes de móvil se conoció después de que Bascuñana solicitara una reunión hace cuatro meses con la dirección regional con el objeto de poner en su conocimiento la supuesta deslealtad de Aparicio, de quien decía que le ponía zancadillas a su gestión. En aquellos momentos, el regidor se seguía postulando a la presidencia del PP de Orihuela -las elecciones aún no se habían convocado- y se sentía despechado ante el que en esos momentos era otro posible candidato. El PP interpretó aquello como otra batalla por el control interno de su segundo feudo en importancia en la provincia -llegó a tener 7.000 afiliados- y en una de las comarcas más fieles en cuanto al sentido del voto.

Al comienzo de la reunión, según ha confirmado el diario en fuentes del partido, el alcalde de Orihuela leyó copia de WhatsApp que hacían referencias a conversaciones de Aparicio con algunos de los asistentes para hacer valer sus razones y hacer ver con ello que iba en serio, pero se encontró con la negativa de la dirección regional del PP a escuchar más hasta conocer cómo aquella información, sobre conversaciones privadas, había llegado a sus manos. Según la versión que les dio Bascuñana, la documentación «se la encontró» un día en su despacho y la había leído. En ella se detallaba literalmente críticas contra su gestión y no sólo de concejales «díscolos» también de miembros de la cúpula del partido.

Guerra

Al día siguiente, la dirección regional pidió explicaciones a Aparicio sobre cómo era posible que alguien hubiera accedido a su móvil y las conversaciones hubieran acabado en manos del regidor. Este no supo que contestar.

En cualquier caso, decidió tener una entrevista con el alcalde en presencia de más ediles para pedirle explicaciones. El tensísimo encuentro en el Ayuntamiento, lejos de apaciguar los ánimos, los calentó, incluso, entre insultos, según testigos. Aparicio exigió a Bascuñana, su jefe en el Ayuntamiento, una disculpa y la devolución de toda la documentación, pero no se dio por satisfecho con la respuesta del regidor. Desde entonces, la situación en el grupo municipal del PP ha ido a la deriva.

El 12 de junio, Bascuñana anunciaba que no iba a pelear por la presidencia local. Lo anunció a las puertas del Ayuntamiento -porque el PP está sin sede desde finales de mayo y adeuda dos años de alquiler- justificándolo porque «iba a hacer lo que quería el partido: Dedicarse a gestionar el Ayuntamiento». Ese mismo día se registró la denuncia contra él.

El regidor, días más tarde, optó por darle un empujón a un candidato alternativo, al edil Víctor Valverde, y, el mismo día que este se presentaba, él anunciaba una remodelación del equipo de gobierno en la cual arrinconaba a Dámaso Aparicio y restaba poder a concejales que, entiende, no le han sido fieles o son próximos a Aparicio, caso de Begoña Cuartero. Esta ya tuvo que dejar entonces la presidencia de una comisión de Urbanismo (lo que supone una pérdida de ingresos) y la semana pasada hizo lo propio con Noelia Grao, que estaba al frente de la de Bienestar Social. En ambos casos, en beneficio de Miguel Ángel Fernández, un concejal cuya esposa es asesora de empresarios en temas urbanísticos, lo que le ha impedido a él votar en comisiones e, incluso, en un pleno en las últimas semanas.

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