La Sección VII de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, ha señalado para noviembre de este año el juicio oral del caso de torturas a dos detenidos en por parte de policías locales de Torrevieja.En el caso se investigó el supuesto maltrato a dos detenidos, un hombre y una mujer, que fueron arrestados tras entrar a robar la vivienda de uno de los agentes acusados, un inspector. Los hechos ocurrieron hace ahora once años, en junio de 2006.
En el procedimiento están acusados ocho policías y un exedil por unas supuestas torturas, amenazas y vejaciones a esos dos detenidos y un intento posterior de ocultar lo ocurrido. La Fiscalía pide penas de cárcel que suman 24 años entre los cinco agentes implicados directamente-uno de ellos un inspector-, y de inhabilitación para tres mandos más y el exedil-uno ellos era jefe de la Policía Local en agosto de 2006, cuando se desveló el caso, y es ahora segundo en la escala de mando de la plantilla.
Es la quinta vez que la Audiencia señala fecha para juzgar este asunto. Además de un intento sin concretar, se señaló en mayo de 2014, enero de 2015 y a mediados de 2016.
En anteriores ocasiones se ha suspendido por incomparecencia de las víctimas del supuesto delito, una mujer española y un hombre de nacionalidad colombiana. Además de ser los denunciantes son testigos de cargo y acusación particular en el procedimiento. Pero nunca se han dado por notificados para acudir al resto de señalamientos al no poder estar localizados. Estaban ilocalizables y no recibieron las notificaciones. Hasta el punto que en el cuarto señalamiento y tras una nueva incomparecencia se daba por hecho que el juicio no iba a poder celebrarse de forma definitiva, por la imposibilidad de contar con el elemento esencial del procedimiento, como señaló esta edición.
Juicio sí o sí
Pero no va a ser así. La acusación particular asegura ahora que sí están localizados. El hombre, después de cumplir condena por narcotráfico en Singapur, reside en Colombia, y la mujer en Estados Unidos. Y había propuesto que su presencia en el juicio se realizara por videoconferencia, algo que ha sido rechazado por la defensa de la mayoría de los acusados y por el juez, por la dificultad de llevar a cabo la vista oral, dada la diferencia horaria y la ausencia de convenio con Estados Unidos para llevar a cabo este tipo de colaboración judicial.
Lo que sí esta claro es que en esta será la última ocasión en la que se señale el juicio. Se celebrará sí o sí al margen de las circunstancias en las que se deba abordar. El Ministerio Público está dispuesto a que se celebre la vista oral con la presencia de los ocho acusados en el banquillo incluso sin contar con los testigos de cargo, y a la sazón denunciantes y supuestas víctimas de las torturas. Incluida la presencia de treintena de citados, entre peritos, y testigos -sobre todo algunos policías para los que ya se había sobreseído la causa-.
A la probable ausencia de los testigos de cargo -también cabe la posibilidad de que finalmente viajen para presentarse en el juicio-, se suma que la defensa reclamará antes de comenzar el juicio la nulidad de las escuchas policiales de la Guardia Civil que originaron el procedimiento y que considera que los investigadores obtuvieron de una forma totalmente irregular, dado que se autorizaron por el juzgado para otra investigación ajena a la finalmente desvelaron esas conversaciones y sin ampliación de plazos posteriores.
La acusación pública sostiene que los agentes se excedieron en sus cometidos, no sólo en la detención, sino en las horas siguientes, con agresiones, insultos y amenazas a los detenidos -con golpes y amenazas -supuestamente y según la Fiscalía, en un momento dado el inspector encañonó al hombre que había entrado a robar a su vivienda con una pistola y le amenazó con violar a su novia-.
La Fiscalía acusa a tres mandos de la Policía Local -uno de ellos ya jubilado- porque, supuestamente, sabían lo que pasó y no hicieron nada o bien intentaron -siempre según el acusador público- esconderlo. Para ellos se piden penas de inhabilitación para ejercer su función pública.
