«Si se produjera la rescisión del contrato (con Acciona) antes de la finalización del mismo no se podría prorrogar y si fuese la rescisión en el periodo de duración de la prórroga finalizaría esta», sin que el Ayuntamiento tuviera empresa a mano para sustituirla. La oficial mayor del Ayuntamiento hizo esta advertencia en diciembre al equipo de gobierno del PP. La contrata vive una situación kafkiana y con trasfondo judicial. Por una parte, se están elaborando los pliegos para una nuevo concurso. Al mismo tiempo, se ha tramitado una prórroga con la actual empresa Acciona por si no se llega a tiempo de adjudicar el nuevo servicio antes del mes de junio en el concluye la contrata en vigor. Y además los técnicos han iniciado el tercer expediente de rescisión por los graves incumplimientos en el actual contrato. Los dos intentos anteriores caducaron -el 8 de noviembre de 2012 y el 4 de julio de 2013- porque al Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat, que debía realizar un informe preceptivo pero no vinculante sobre esta cuestión, le llegó tarde la documentación. La edil de Contratación pidió el 30 de octubre de 2013, máxima celeridad para el tercer expediente y que no caducara. Han pasado 4 meses.
Los informes que avalan desprenderse de Acciona se sostienen en que la empresa no dispone de la planta de transferencia de residuos que propuso en el pliego de condiciones para hacerse con el concurso en 2004. Precisamente la falta de esos terrenos fue lo que en esa fecha propició que los técnicos, encabezados por la secretaria y la oficial mayor pidieran que se declarara desierto.
El entonces alcalde Pedro Hernández adjudicó el servicio valiéndose del dictamen contratado a dedo a una consultora externa que trabajaba para la empresa que resultó beneficiara del contrato multimillonario Necso (actual Acciona). En 2007 fue denunciado por Los Verdes por esta actuación y ha sido condenado a tres años por falsedad documental.
