2018 debería ser, definitivamente, el año de las basuras en la Vega Baja pues si hace algunas semanas el Consorcio anunciaba que en otoño y en Bigastro se abrirá un foro con ayuntamientos y expertos para decidir sobre la ubicación de las plantas de transferencia y (quizá) del vertedero definitivo, ayer fue el director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Joan Piquer -a quien no se le puede discutir su compromiso con un problema heredado en la Vega Baja de anteriores gobiernos-, el que anunciaba que el Consorcio recibirá el año próximo 850.000 euros para la puesta en marcha de instalaciones. Dicha cuantía saldrá de los presupuestos de la Generalitat Valenciana.

Dicho de otro modo, el Consorcio tendrá que darse muchas prisas el año próximo para poner en marcha un proyecto en el que tanta ilusión pone su presidente, Manuel Pineda, como dudas asaltan a los ayuntamientos de la Vega Baja que, a un año vista estarán entonces de elecciones con la «guadaña» de no saber dónde se instalarán y la afección que les puede causar a sus respectivos municipios. En cualquier caso, lo que parece claro es que Orihuela, tras el cuasifracaso del proyecto de Guardamar de Segura -que es el único ayuntamiento que puso mucho interés en ofrecer terrenos-, es el único municipio que parece tener todas las papeletas (extensión y población) por quedarse con una. Otra cuestión, quizá logística, mediambiental o simplemente de superficie útil, será el saber por qué Torrevieja, el otro «gigante» de la Vega Baja, se ha quedado fuera de esta quiniela.

Esto se supo ayer al término de la reunión del pleno del Consorcio en el que, según una nota, todo se aprobó por unanimidad, pese al rechazo que los alcaldes del Partido Popular (PP) llevan meses expresando de forma pública sobre cómo se está gestionando este asunto. Ayer, al menos, no hablaron para explicar ni su parecer ni el sentido de su voto. En la misma, se explica que fue Piquer el que anunció esa inyección de 850.000 euros para aliviar los bolsillos de los contribuyentes que, en teoría, serían los que deberían pagar las instalaciones que necesita su comarca para la gestión y la eliminación de los desechos que generan. No está muy claro si ese dinero será suficiente para sufragar los costes y así se lo advirtió el propio responsable del Consell pues le dijo a los alcaldes y representantes de los 27 municipios de la Vega Baja que «con ese importe se podría sufragar el 100% de una estación de transferencia o el 50% de dos estaciones. 'Esto significa que las ayudas a las dos plantas de transferencia podrían tener financiación del 100%', afirmó Piquer» (sic).

Pero, además de ese dinero que ayer comprometió el portavoz del Consell, existe la posibilidad de acceder a los fondos de las ayudas Feder del 2014-2020 y de los que la Comunidad espera 20 millones de euros para los consorcios de la Comunitat y que irán destinados a ecoparques móviles, fijos e informatización de las instalaciones. «Al menos el 50% de la inversión irá financiada con fondos europeos», recalcó Piquer, quien añadió que «se pueden conseguir ayudas europeas para crear plantas de tratamiento definitivas, si aprovechamos también las líneas de financiación de los ecoparques que hay ahora y trabajamos unidos todos los municipios y la administración autonómica».

Dos millones

Lo dicho por el responsable valenciano de resolver este problema contrasta con lo que aseguraba Manuel Pineda, el presidente del Consorcio, quien fue más allá pues además de agradecerle esa futura ayuda afirmó que «supondrá que los vecinos no tengan que pagar para crear las instalaciones que necesitamos en la comarca». Es decir, dio por hecho que habrá dinero suficiente; de hecho espera 2 millones de los fondos europeos.

Entre otras cuestiones de menos calado y gracías al desvío de diez mil toneladas de basuras de Xixona a Murcia, se pudo dar el visto bueno a la aprobación de las aportaciones para financiar el convenio de colaboración entre el Consorcio y el Ayuntamiento de Alicante, donde va a parar en estos momentos otros desechos de la Vega Baja, a fin de que la factura se gire al propio Consorcio y no a los ayuntamientos, informa D. Pamies. También se aprobó una propuesta de modificación de las bases técnicas del proyecto de gestión para que los proyectos de las plantas de transferencias y ecoparques - móviles y fijos- se presenten y liciten por separado, «con el fin de que cualquier obstáculo administrativo en la gestión de cualquiera de estas instalaciones no afecte a las demás», aseguró el Consorcio en su comunicado.