El caso de la rehabilitación de tres kilómetros de la CV-954 que cuesta 400.000 euros, según el tipo de licitación, no es el único en la Vega Baja donde el coste se justifique con la rentabilidad ambiental y social del proyecto. Reasfaltar y realizar en algunos tramos una plataforma de hormigón en el camino de la finca de Lo Vera, una obra que se están terminando, en este caso de la mano de la Generalitat, en San Miguel de Salinas cuesta otros de 482.000 euros. Este camino rural discurre paralelo a la autopista AP-7, entre campos de limoneros y melones, sobre todo, por término municipal de San Miguel, pero también en parte, por Los Montesinos y San Miguel. No hay constancia, al igual que en Torremendo, de reclamaciones vecinales de arreglo, y menos de esa entidad. Es usado por las explotaciones de agricultura intensiva de la zona. Fue adjudicada a Probisa, Vías y Obras por la Conselleria de Agricultura de Elena Cebrián. Ambos proyectos casi triplican el presupuesto necesario de redacción del proyectado de la variante de la N-332 en Torrevieja, uno de los puntos negros de tráfico y accidentes más relevantes de la Comunidad Valenciana. Supuestamente, ese trabajo que es el que en estos momentos está bloqueando la adjudicación de las obras. La redacción tiene un coste de 150.000 euros y el Ministerio de Fomento y la Generalitat se están «peleando» sobre qué administración debe asumir esa iniciativa.
