El juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja ha rechazado la petición de los cargos públicos, funcionarios, exfuncionarios y mandos policiales de la ciudad de que se archive el caso Vela Mata, que investiga supuestas irregularidades en la supervisión de la actividad de una discoteca que funcionó de forma ilegal entre el verano de 2013 y finales de 2015.
El portavoz del PP, Eduardo Dolón, solicitó el sobreseimiento del procedimiento en su declaración como investigado (imputado) a principios de junio. Lo hizo en el propio acto de la declaración. Algo que han hecho otros investigados como el exedil de Urbanismo, un exinspector de la Policía Local, el actual intendente principal policial, un exfuncionario y otro técnico de Urbanismo.
Además, la acusación pública ha solicitado nuevas diligencias. Entre otras, estaría la declaración de quien fuera propietario y gestor del establecimiento cuyo funcionamiento dio origen a la causa, además de los técnicos que deberían haber avalado la insonorización del local.
La decisión de la juez es relevante porque ya dio carpetazo al asunto sin haber llamado a declarar a quienes aparecían en la denuncia. La Audiencia Provincial reabrió el procedimiento tras un recurso, y la magistrada no solo no ha archivado tras cumplir con la petición de que completara la instrucción con las declaraciones, también ha atendido las peticiones del Ministerio Fiscal.
El juzgado ha retirado la condición de acusación del Ayuntamiento que se había personado en el procedimiento. El argumento de la magistrada es que no puede ejercer la acusación el mismo ayuntamiento que podría ser responsable civil subsidiario. Es decir, que cabe la posibilidad que tuviera que responder por las condenas que se produjeran por las actuaciones de excargos del equipo de gobierno o funcionarios. El Ayuntamiento ya ha recurrido en otros procedimientos que puede ser acusación y responder por la responsabilidad al mismo tiempo.
En esencia, la investigación trata de esclarecer si Eduardo Dolón, el entonces concejal de Urbanismo, mandos policiales y funcionaros consintieron durante casi tres años la actividad de una discoteca sobre la que recaían dos expedientes de infracción graves en 2014 y 2015 de la Generalitat.
