La empresa adjudicataria de la limpieza de edificios municipales, Limcamar, ha llevado al juzgado al Ayuntamiento para reclamarle el impago de más de 800.000 euros del servicio que prestó entre agosto y diciembre del pasado año y que no ha sido abonado, según aseguró en el último pleno ordinario la oposición del PP. La prestación supone unos 150.000 euros mensuales para las arcas municipales. La empresa de limpieza realiza el servicio sin contrato desde mediados de 2016. Y mantuvo prestación pese a la negativa municipal a abonar las facturas. La documentación refleja que desde principios de este año, en el misma situación de carencia de contrato, el gobierno del alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) sí que ha comenzado a abonar el mismo servicio levantando el reparo del área de Intervención. Los levantamientos de reparo se realizan a través de otro informe de un técnico municipal en el que se destaca que se trata de un servicio esencial para la administración local -la limpieza diaria de dependencias municipales-; y por lo tanto debe prestarse aunque no exista contrato. El impago no se produjo por falta de liquidez -la tesorería del Ayuntamiento suma más de 40 millones de euros de saldo positivo-.
La adjudicación de la limpieza de edificios fue un quebradero de cabeza para el anterior gobierno local del PP, que estaba sujeto a un plan de ajuste que limitaba el gasto anual por esta prestación, lo que obligó a dejar desierto el concurso en una ocasión, y adjudicarlo a Limcamar y por un precio muy ajustado -1,6 millones de euros anuales, 300.000 euros menos que la anterior empresa PAU S.A. y asumiendo los mismos puestos de trabajo (88)-.
De hecho, Limcamar, que realiza la limpieza diaria de aproximadamente cien dependencias y edificios municipales, notificó su renuncia a la prórroga del servicio que prestaba para el Ayuntamiento en enero de 2016. La mercantil inició en agosto de 2014 el servicio por dos años por esos 1,6 millones de euros al año, con muchas dudas sobre si sería capaz de mantener a la plantilla de la anterior contrata y las horas de limpieza por ese precio. De ahí la renuncia a la prórroga. Después de anunciar que no asumiría una prórroga se conoció que iba a reclamar sobrecostes por la prestación que el anterior gobierno solicitó «verbalmente», y además decidió mantener la prestación sin contrato desde agosto porque el Ayuntamiento no tenía listo otro procedimiento de adjudicación. Lo que no ha trascendido, porque el gobierno actual no lo ha aclarado, es si las facturas se «tumbaron», en todo su importe, y por esa reclamación de sobrecostes o porque la prestación se hacía sin contrato. A principios de año el municipio se «liberó» de plan de ajuste. Y el abono mensual se elevó de unos 130.000 euros a los 150.000 actuales, según el PP, y aunque se hace sin contrato, ahora sí abonan.
