Cuando se cumplen doce años de su inauguración, la Generalitat Valenciana acaba de decir algo que desde hace mucho saben magistrados, secretarios, fiscales, forenses y funcionarios de la Administración de Justicia en Orihuela, como es el hecho de que el inmueble que se construyó en 2005 y pagó el Ayuntamiento con el plácet del Consell, nació pequeño. Seis millones de euros que llevaron a la anterior corporación a plantear un desahucio -del que nunca más se supo- y a la actual a lamentar que, después de firmarse un acuerdo hace meses para fijarse un alquiler y una serie de contraprestaciones, nada de ello se haya hecho hasta ahora.
Con este panorama, ayer la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, acudió a Orihuela para reunirse con el alcalde, con la juez-decana, Joaquina de la Peña y con los fiscales y explicarles que el departamento que dirige tiene previsto reunir todos los órganos y servicios judiciales de Orihuela en una sede. Algo que se anuncia cuando se llevan cuatro años pagando un alquiler por un bajo próximo y que alberga uno de los juzgados civiles que no cabían en el inmueble.
Furgones
El edificio de los juzgadosse construyó sobre una superficie de 5.000 metros cuadrados que sólo ha dado que problemas porque, por ejemplo, los furgones de la Guardia Civil no pueden acceder al sótano. Lo que dijo ayer la consellera es una situación que han conocido de primera mano todos los conselleres que han pasado por allí, incluida la propia Bravo cuando fue vocal del Poder Judicial, lo que le llevó a asegurar que la Conselleria va a estudiar cuál de las dos soluciones es más conveniente: ampliar el inmueble mediante un cambio en la volumetría del mismo o, si no fuera posible, se plantearía la construcción de un Palacio de Justicia de nueva planta. Bravo, quien no hizo referencia alguna a la situación de impago con el Ayuntamiento en la nota que hizo pública la Conselleria, destacó que su departamento está trabajando «en un plan integral de dignificación y mejora de las instalaciones judiciales de la Comunitat» y, dentro de esta iniciativa, los juzgados de Orihuela necesitan, además, de que todos los órganos y servicios estén de nuevo en una única sede, junto a otras reformas para poder aplicar los parámetros que establece la implantación de la Nueva Oficina Judicial y, muy especialmente, los servicios destinados a las víctimas del delito para proteger su intimidad y atención. En este sentido, la consellera explicó que conforme se ponga en marcha la Red de Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito de la Generalitat, será necesario que las sedes judiciales cuenten con los espacios físicos, así como los medios personales y materiales, adecuados para acometer su tarea. En el caso del partido judicial de Orihuela, «se tendrá que hacer algún tipo de obra para poder garantizar la intimidad y atención a las víctimas», dijo.
