La Vega Baja ha llegado a la mitad de mandato con investigaciones judiciales que salpican a alcaldes y concejales integrados en al menos ocho ayuntamientos. Son políticos del Partido Popular, del PSOE, de UPyD y de Foro Demócrata. Todos ellos niegan las acusaciones y proclaman su inocencia. Ninguno ha renunciado hasta ahora al cargo. Existen procesos pendientes por presuntos delitos urbanísticos, electorales, fraude, tráfico de influencias, prevaricación administrativa... Algunas de las investigaciones ya han concluido y los implicados están a la espera de que se señale la fecha de apertura de juicio oral.
Los que se citan a continuación sólo son los vinculados a políticos que están en activo. También existen otros casos , como los que afectan a los exalcaldes de los consistorios de Catral, Dolores, Redován, Bigastro u Orihuela, quienes siguen pendientes de rendir cuentas ante la justicia, varios de ellos al borde ya de sentarse en el banquillo.
Torrevieja
El exalcalde de Torrevieja y actual vicepresidente de la Diputación y secretario general del PP de la provincia, Eduardo Dolón, está investigado por un presunto delito de prevaricación por el «caso Vela-Mata». En concreto, se indaga sobre si eludió su responsabilidad a la hora de supervisar la actividad de un local de copas situado en la pedanía de La Mata. La Guardia Civil denunció por infracciones muy graves a la discoteca en 2013, 2014 y 2015 y la Conselleria de Presidencia de la Generalitat abrió un expediente contra Vela Beach en 2014 por infracciones graves y muy graves. El caso fue archivado a principios de 2016 y reabierto por la Audiencia Provincial. Dolón insiste en que se trata de un mero asunto administrativo. En este proceso también esta siendo investigado el intendente principal de la Policía Local.
Orihuela
Caso Fitur
FiturLa exconcejala del PP y actual edil de Foro Demócrata, Pepa Ferrando, se enfrenta a una pena de nueve años de prisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción por el conocido como «caso Fitur». La que fuera presidenta del PP oriolano y edil de Turismo entre 2007 y 2011 está acusada de cuatro delitos de prevaricación administrativa y otros tantos de fraude por los contratos realizando en los stands de Fitur en aquellos años, así como para la Feria de Turismo de la Comunidad Valenciana de 2011. Presuntamente, desde el Ayuntamiento se fraccionaron los contratos para eludir cualquier tipo de control y no realizar una licitación pública.
Callosa de Segura
Tres procesos judiciales
Las investigaciones judiciales que recaen sobre el exalcalde de Callosa -en su día del PP y ahora en el grupo de no adscritos- son tres. El exregidor será juzgado por delitos de prevaricación, contra la integridad moral de los trabajadores y por injurias y calumnias tras haber defenestrado de forma presuntamente irregular al jefe de la Policía Local en 2010 . Por esos hechos se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión y 10 años de inhabilitación para cargo público. En otra de las causas se le investiga por fraude y prevaricación tras pagar 311.000 euros a un arquitecto supuestamente sin contrato. En la tercera, se indaga en la adjudicación de un contrato de más de 90.000 euros para disponer una red wifi en el municipio. Anticorrupción presentó una denuncia al encontrar indicios de prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. La Fiscalía sostiene que existe una relación económica entre la empresa que realizó el trabajo, participada por un hermano del exregidor, y otra mercantil vinculada a Pérez
San Fulgencio
El alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, está pendiente de sentarse en el banquillo por un presunto delito de prevaricación por el que la Fiscalía solicita una pena de nueve años de inhabilitación. El caso aborda el pago de más de 190.000 euros del Ayuntamiento al Club de Fútbol Sporting por gestionar presuntamente las escuelas deportivas del municipio. Dicho colectivo deportivo estaba presidido por Antonio Irles, que formó parte de la candidatura del PP en las elecciones de 2011. El servicio se adjudicó a dedo y se pagaron más de 18.000 euros por anualidad, lo que contradice la ley de contratación pública. El juicio se fijó para abril pero finalmente se aplazó a septiembre.
Albatera
Sobresueldos y licencias
La investigación iniciada recientemente y que salpica a la alcaldesa, Rosario Ballester (UPyD), es la última que se ha conocido en el municipio, pero no la única. También está siendo investigado su antecesor, Federico Berná (PP). En el caso de la primera, la instrucción se ha abierto por la tramitación de dos licencias de obras. El propietario de un terreno denunció la inactividad del Ayuntamiento tras alertar de que su vecino estaba levantando un muro en su propiedad. La jueza ha abierto diligencias previas por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida y contra la ordenación del territorio que salpican también a uno de los propietarios. La alcaldesa causó baja médica el mismo día en que este diario publicó que el juzgado había iniciado la investigación. Su antecesor, el popular Berná, también está siendo investigado por pagar supuestos sobresueldos irregulares a los habilitados nacionales del Ayuntamiento bajo la fórmula de productividades.
Benejúzar
Polémicas elecciones
Denuncias cruzadas entre PP y PSOE durante los comicios de 2015 fueron el inicio de la investigación de dos procesos judiciales. En el caso de los socialistas, se ha procesado a todo el grupo municipal, liderado por Miguel López, por un presunto delito electoral cometido en la precampaña de las pasadas elecciones. Los populares interpusieron una denuncia al detectar que se estaba repartiendo propaganda electoral en la que se pedía el voto para los socialistas antes de lo que permite la Ley. Entre las filas del PP se investiga otro delito electoral tras denunciar el PSOE una presunta compra de voto utilizando el sistema de entrega de papeletas por correo, que se disparó un 13% con respecto a las anteriores elecciones. Por estos hechos declaró como investigado el alcalde, Antonio Bernabé (PP).
Los Montesinos
Urbanismo a la carta
El regidor de Los Montesinos, el socialista José Manuel Butrón, quien lleva 25 años en el cargo, está siendo investigado por presuntos delitos urbanísticos. En concreto, se investigan supuestas irregularidades en la gestión de asuntos como la falta de ejecución de la orden de demolición de una nave industrial; la supuesta pasividad de la administración local a la hora de tramitar expedientes de infracción urbanística de viviendas construidas en terreno rústico y la falta de actuación municipal durante dos décadas ante la actividad de una macrodiscoteca ubicada en el parque natural, ahora ya cerrada.
Benferri
Viviendas en zona verde
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido sentar en el banquillo de los acusados al alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo (PSOE), por un supuesto delito de prevaricación administrativa. El regidor está acusado de ocultar informes que ponían reparos al pago de sus dietas, ordenando que fueran retirados del registro de entrada del Ayuntamiento. El Ministerio Público solicita una pena de nueve años de inhabilitación para cargo público. Otra de las causas pendientes que tiene el regidor, que es uno de los más veteranos de la Vega Baja, está relacionada con la construcción de viviendas en una zona verde del municipio. El fiscal cree que existen suficientes elementos incriminatorios para considerar que desde el Ayuntamiento se pudieron cometer delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio al permitir a un promotor construir casas en zona verde, expedir las licencias de primera ocupación para vender las viviendas e impulsar después un cambio en el planeamiento urbanístico para tratar de legalizar toda esa situación. La denuncia por estos hechos fue interpuesta por la oposición del PP después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) fallara que todo ello se hizo para favorecer «tanto el interés particular del promotor como para legalizar una licencia de obras concedida por el Consistorio contraviniendo» la legalidad.
