El juzgado de lo Contencioso Número 1 de Elche ha respaldado una resolución del Ayuntamiento de Callosa de Segura que ordena la demolición de una nave industrial construida sobre suelo urbano. La empresa que levantó el inmueble recurrió a los tribunales al considerar que no se ajustaba a derecho pero el juez ha dado la razón a la administración local, que tendrá que seguir ahora el expediente para la ejecución del derribo. Contra ese fallo judicial cabe recurso.
El contencioso por estos hechos fue interpuesto por la mercantil Cabos y Redes SA, que pedía anular tres resoluciones del Ayuntamiento. En concreto, una de junio de 2016 mediante la que se desestimó la solicitud de legalización de la nave existente y se procedió a incoar un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística. Otra de julio que puso fin al procedimiento de restauración urbanística y que ordenó la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente. La tercera, de octubre, sirvió para desestima el recurso de reposición interpuesto frente a la anteriormente señalada.
Para el juez ha quedado acreditado que la firma demandante obtuvo licencia de obra mayor para «nave almacén sin uso específico» condicionada a la aportación del proyecto de ejecución de las obras y legalización de nave actualmente existente en la parcela. El magistrado estima por tanto que esa licencia estaba «condicionada al cese del uso de la nave industrial existente» y en base a la ley urbanística valenciana. Pues bien, la mercantil aportó el proyecto en el Ayuntamiento así como la propuesta de legalización,pero los técnicos municipales destacaron que las obras que no cumplían con la tipología establecida por el Plan General para ese tipo de suelo, calificado como urbano.
Veracidad
Para el juez, esos informes de los técnicos «gozan de una presunción de certeza, veracidad y objetividad que no ha sido desvirtuada por la parte actora mediante la práctica de prueba en contrario, debiendo entenderse por ello que las obras ejecutadas no son compatibles con el planeamiento urbanístico vigente en el municipio».
Por todo ello la sentencia estima que el Ayuntamiento, gobernado por Fran Maciá, «siguió el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística de conformidad con las previsiones legales».
El regidor callosino, Fran Maciá, dijo ayer que tras esta sentencia se propondrá una reunión con los con los administradores de la empresa para plantear un programa de trabajo con una comisión conjunta para buscar la viabilidad de la industria en la localidad a corto, medio y largo plazo dentro del marco urbanístico actual. Una de las propuestas será que abandone la nave en la que están operando y que toda esa zona se desarrolle con viviendas, trasladando la industria a otro punto. «El objetivo es la consolidación y la viabilidad de la industria para buscar el mantenimiento de los puestos de trabajo a la vez que se recupera el barrio como zona residencial a medio largo-plazo», dijo Maciá.
