El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, del Partido Popular (PP), perdió ayer el control del equipo de gobierno por completo. Cinco de los 11 concejales que conforman el grupo no acudieron a la convocatoria de pleno extraordinario. Tampoco tuvo apoyo de su socio, Ciudadanos (Cs). Se trataba de una sesión monográfica para debatir una propuesta sobre suprimir la construcción de 650 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la Costa (PAU-7), y permitir al promotor que las edifique como casas para vender libremente. La insólita situación motivó que la oposición del PSOE y Cambiemos cogiera las riendas. Haciendo valer su mayoría, zanjó el debate.

Fueron cinco sillas vacías las que sacaron los colores a Bascuñana, evidenciando su cada vez más débil liderazgo. Fueron las de Dámaso Aparicio, Sofía Álvarez, Noelia Grao, Begoña Cuartero y Miguel Ángel Fernández. El alcalde excusó la falta de los tres primeros por motivos de salud. Sobre la cuarta, aseguró que estaba de viaje. Fue una explicación que no resultó creíble para casi nadie de los allí presentes. Todos sabían que ese cuarteto forma parte del grupo de ediles díscolos con su gestión y que como trasfondo está también la batalla interna que vive el PP de Orihuela, con tres aspirantes a presidir el partido.

El quinto edil que no participó en la sesión, Fernández, lo hizo por motivo de incompatibilidad legal, dado que su mujer es la abogada que representa a la empresa que ha pedido anular las VPO, Villamartín SL, de la familia Pedrera.

Con ese panorama, el regidor dio inicio a la sesión con 15 minutos de retraso. Frente a él, una bancada de la oposición que estaba pletórica al ver cómo el gobierno estaba más que resquebrajado. Fue el edil popular Rafael Almagro quien se encargó de defender por qué había que abordar ese punto en un pleno extraordinario. Según él, la urgencia de la sesión estaba justificada en que expiraba el plazo para realizar un cambio en el PAU-7 que permita levantar 2.600 casas y que ninguna de ellas sea de protección oficial, algo solicitado por el promotor. Almagro defendió que el trámite contaba con todos los informes favorables y advirtió que, de no hacerlo, la firma podría pedir responsabilidades al Consistorio.

Con prisas

Esa justificación del portavoz popular sirvió de bien poco a la oposición, que dijo no entender las prisas del gobierno por aprobar este asunto cuando lleva casi dos años dando vueltas en el Ayuntamiento. Los ediles del PSOE y de Cambiemos dejaron claro que no estaban de acuerdo ni en el fondo, por suprimir vivienda VPO, ni en la forma, tras agotar el plazo hasta la fecha tope por el «caos» de la Concejalía de Urbanismo. De hecho, pusieron de manifiesto que aunque se hubiera aprobado en pleno, tenía que haber recibido el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo, por lo creen que no daba tiempo a completar el trámite.

El debate fue rápido. Bascuñana limitó las intervenciones a los tiempos del reglamento . Advirtió que él «había cumplido con su obligación» de llevar un tema que podía conllevar «importantes consecuencias para el Consistorio», pero no los convenció. Los seis ediles del PP votaron a favor de la urgencia, los tres de Cs se abstuvieron y los 10 del PSOE y Cambiemos votaron en contra. Como la mayoría consideró que no era un tema urgente, la sesión quedó disuelta.