El Ayuntamiento ha logrado garantizarse la defensa jurídica con la adjudicación del servicio a un despacho de abogados, tras casi dos años de trámites.Decisio Consulting ha tomado las riendas del servicio por algo más de cuarenta mil euros anuales, durante dos años prorrogables por dos más, cuando el procedimiento de adjudicación inicial planteaba un gasto de 644.628 euros en el mismo periodo. Se trata de un despacho de abogados especializado en derecho administrativo con sede en Murcia,y con experiencia de gestión de asuntos municipales, sobre todo, en municipios medianos de Murcia y la Vega Baja.
El Tribunal Central de Recursos Contractuales anuló a principios de 2016 el primer intento de adjudicar este concurso al encontrar deficiencias graves en el pliego de condiciones tras las denuncias de varios despachos del sector, entre otros, J&A Garrigues. El contrato planteaba condiciones que muy pocos despachos podían cumplir. Por ejemplo, acreditar haber asumido al menos 500 pleitos contenciosos administrativos, cien civiles y otros cien en los últimos 15 años. El PP aseguró en su día que se trataba de un «traje a medida».
Los técnicos optaron entonces por un pliego mucho más discreto, aunque el ahorro con respecto al anterior servicio y al que se planteó para renovarlo es importante, es una incógnita si tendrá capacidad para asumir el volumen que genera el municipio.
Entre los miembros del despacho Decisio figuran, entre otros, los letrados José Antonio Ramos Calabria y José Miguel Porras, conocidos en la Vega Baja por su actuación de defensa jurídica en varios ayuntamientos desde mediados de la década pasada.
