El Ayuntamiento de Torrevieja quiere que tres agentes de la Policía Local paguen la indemnización de 14.000 euros que un juzgado condenó a abonar al consistorio por entregar un Audi A-8, y que estaba en el depósito municipal, a un particular que nada tenía que ver con su propietario. El municipio ya ha abonado al afectado esa suma con dinero público, pero el expediente que ha iniciado es para que los agentes responsables de ese rocambolesco «despiste» sean ahora los que asuman el pago.

De momento, el expediente se ha quedado sobre la mesa en la última sesión de la junta de gobierno porque los técnicos municipales que han informado no ven nada claro que hubiera intencionalidad en la actuación de los agentes, y sí un cúmulo de confusiones -y alguna negligencia-. La historia es antigua pero está muy viva. El 8 de agosto de 2002 la grúa municipal retiró un vehículo, un Audi A 8, por estar mal estacionado. Al día siguiente, su propietario, de origen eslavo, acudió a recuperarlo al parque municipal de la Policía Local. Al examinar la documentación los agentes detectaron supuestos indicios de falsedad tras realizar comprobaciones sobre el número de bastidor, permiso de circulación, y expedición de carta verde.

Los responsables a los que señala el expediente municipal son un inspector, ya jubilado, sobre el que recaen varias investigaciones judiciales, y un agente de base. También, se alude al máximo jefe policial de la plantilla en ese momento. Los policías realizaron un atestado y lo enviaron al juzgado. El coche quedó en depósito, sin que quien lo reclamaba pudiera retirarlo, hasta averiguar la titularidad. Casi dos años después, el 13 de abril de 2004, el juzgado se dirigió al jefe de la Policía Local con la orden de entregar el vehículo, «con los cargos originados» a su propietario. Al día siguiente, el dueño fue a recuperar su vehículo: había volado. Fue entregado en agosto de 2003, sin mediar orden judicial, a un tercero, también de origen eslavo, y que se presentó como profesional «experto en la repatriación de vehículos sustraídos», y sin relación con el propietario legítimo del coche. La justificación del entonces inspector y del agente de base es que se había producido una «confusión», pensando que se trataba de otro vehículo «que debía repatriarse a Suiza».

En la reclamación por la vía contenciosa que hizo la víctima de esta chapuza administrativa pudo aportar un contrato de compraventa por valor de 35.000 marcos alemanes. El juzgado, en el fallo que condenó al Ayuntamiento, señala que las supuestas irregularidades esgrimidas por los agentes sobre la documentación no aparecían acreditadas en ninguna resolución penal, y además nadie apareció reivindicándose como propietario legítimo del coche, al margen del intermediario «experto en repatriaciones de coches sustraídos». La resolución judicial de octubre de 2014-el juzgado tardó diez años en resolver el asunto- indica que no hay motivos para dudar de que quien dijo ser propietario del coche lo era «por muchas suposiciones que se puedan hacer con ciertos datos».