Sólo el grupo municipal de Cambiemos Orihuela tenía claro ayer que no está dispuesto a aceptar la modificación de un plan urbanístico para permitir a una constructora levantar una promoción de 2.600 casas en la Costa y que ninguna de ellas sea Vivienda de Protección Oficial (VPO). Así quedó patente en la Comisión de urbanismo celebrada en el Ayuntamiento, en la que el Partido Popular (PP) se mostró a favor de ese cambio, mientras Ciudadanos, el PSOE y Foro Demócrata optaron por la abstención.
Dicho asunto se debatirá hoy en un pleno extraordinario convocado in extremis por el regidor, Emilio Bascuñana (PP). No obstante, el equipo de gobierno no tiene la certeza de que esa propuesta vaya a salir adelante. Para empezar, porque no tiene consenso dado que Cs ya ha dicho que no lo apoya, y eso es algo que quedó patente ayer. Además, uno de los concejales del PP, Miguel Ángel Fernández, tendrá que abstenerse en la votación por incompatibilidad. El motivo es que la propuesta que ha hecho llegar el agente urbanizador al Ayuntamiento está firmada por la mujer del concejal en calidad de abogada del promotor, Villamartín SL, de la familia Pedrera.
«Desde Cambiemos Orihuela reiteramos nuestra negativa a legitimar una modificación que reduce la oportunidad de aumentar el parque de vivienda protegida, máxime en un pleno convocado por urgencia y sobre el que parecen haber enormes presiones por parte de ese sector del ladrillo que siempre ha querido controlar el Ayuntamiento sin presentarse a las elecciones», trasladó ayer el citado grupo municipal.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas, recordó que «lo que se va a votar no es si se construyen viviendas o no, puesto que la promoción parece que se hará igualmente, aquí la discusión es si se van a construir viviendas libres o de VPO».
Contrapartida
«No entiendo por qué le tenemos que hacer ese favor al promotor porque no sé cuál es la contrapartida que saca el Ayuntamiento en interés municipal. ¿Qué beneficio obtenemos? Como la respuesta no la tenemos, no lo vamos a apoyar y en el pleno votaremos no o nos abstendremos», prosiguió López-Bas.
Desde el grupo socialista, el concejal Antonio Zapata dijo ayer que lo que se está votando en pleno es continuar con el procedimiento que ha solicitado el promotor pero será la Generalitat la que diga en última instancia si el cambio es o no viable. Los socialistas creen que votar en negativo podría conllevar responsabilidades y que incluso se podría exigir en un futuro una reclamación patrimonial sobre los concejales que voten «no» . No obstante, ayer por la tarde estaba prevista una reunión del grupo del PSOE para fijar su posicionamiento de voto en el pleno de esta mañana.
Sea como fuere, los números están muy ajustados y nadie sabía ayer si esa propuesta saldría o no adelante. El PP contará como mucho con 10 ediles -debido a que Fernández no votará-, aunque fuentes del grupo señalaron que cabía la posibilidad de que se ausentara alguno más. Con ello y con la abstención de Ciudadanos, será la oposición la que decida en última instancia.
La prisa por aprobar el cambio mediante un pleno extraordinario -el segundo que se convoca en siete días-, viene porque mañana mismo, 27 de junio, expira la disposición transitoria de la Lotup que exime a los planes parciales o de reforma interior aprobados antes del 28 de junio de 2013 que aún no hayan sido reparcelados -como es el caso del PAU-7- de construir vivienda de protección oficial. A partir de esa fecha será de nuevo aplicable la reserva mínima de suelo para vivienda protegida prevista en la legislación urbanística, lo que impediría al promotor vender esas 650 viviendas destinadas en un principio a VPO.
