El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (Partido Popular), vuelve a estar en minoría. Los concejales de su grupo Dámaso Aparicio, Noelia Grao, Sofía Álvarez y Begoña Cuartero no han acudido hoy al pleno extraordinario en el que se debía debatir una propuesta para suprimir la construcción de 650 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la Costa (PAU-7) y permitir al promotor que las edifique como vivienda libre. A la ausencia de los cuatro ediles se ha sumado otra, la del concejal popular Miguel Ángel Fernández, que no podía votar por incompatibilidad, ya que su mujer es la abogada del promotor urbanístico. Mientras tanto los ediles de Ciudadanos -integrados en el equipo de gobierno- tampoco han respaldado la propuesta y han optado por la abstención. Esta insólita situación ha motivado que la oposición del PSOE y Cambiemos haya cogido las riendas y, haciendo valer su mayoría de votos, ha impedido que se debatiera esta asunto al rechazar la urgencia de la convocatoria.

Al inicio del pleno el regidor ha excusado la ausencia de Aparicio, Álvarez y Grao por "motivos de salud" y la de Cuartero por estar de viaje en estos momentos, si bien esa explicación no ha resultado creíble para nadie de los allí presentes. Lo ocurrido hoy tiene más que ver con la batalla interna que vive el PP de Orihuela por hacerse con el control de la formación, inmersa en un proceso para eligir a su nuevo presidente entre tres aspirantes (Dámaso Aparicio, Victor Valverde y Andrés Ballester). Los cuatro ediles que no han acudido al pleno son algunos de los díscolos que están enfrentados al alcalde.

La urgencia de convocar la sesión de hoy estaba justificada, según Rafael Almagro (PP), en que expira el plazo para realizar un cambio en el PAU-7 que permita levantar 2.600 casas en Orihuela Costa y que ninguna de ellas sea de protección oficial. Almagro ha reiterado que el trámite cuenta con todos los informes favorables y ha advertido que de no hacerlo, el promotor, Villamartín SL, de la familia Pedrera, podría pedir responsabilidades al Ayuntamiento.

Esa justificación del portavoz popular ha servido de bien poco a la oposición, que ha dicho que este asunto se encuentra en trámite en el Ayuntamiento casi un año y no se ha impulsado hasta última hora. De igual forma han puesto sobre la mesa que, aunque se hubiera aprobado en pleno, tenía que recibir el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, por lo que han defendido que no daba tiempo a completar el trámite.

"Es algo que al PSOE le genera tanta duda porque la promotora dio el primer paso en agosto de 2015 y estamos a junio de 2017. La ley permitía cuatro años y han pasado dos con el expediente en el cajón. No creemos que pueda llegar a la Comisión de Urbanismo antes de mañana. Es un asunto que genera dudas hasta a los suyos, nadie confía en usted", le ha espetado Carolina Gracia a Emilio Bascuñana. La misma ha considerado que es una petición lícita la de que el promotor pida modificar el plan parcial y que el PSOE está en contra de que el equipo de gobierno no la tramite; no obstante al término de la sesión ha asegurado que el grupo socialista no hubiera apoyado la propuesta si se hubiera llegado a votar.

Por su parte, la concejala de Cambiemos Marta Guillén ha recriminado que el equipo de gobierno "ha acelerado la maquinaria de la administración local pero no al servicio de la gente, sino de un gran promotor urbanístico para que pueda vender como vivienda libre y hacer del derecho a la vivienda un negocio. Ello mientras todos los expedientes están paralizados durante meses. Han tomado la decisión política de priorizar este expediente por encima de los demás", ha proseguido.

El regidor Bascuñana ha justificado la tardanza en llevar este asunto a pleno porque los informes de evaluación ambiental llegaron tarde y no eran precisos, por lo que hubo que pedir aclaraciones. "Creo que esta Alcaldía ha cumplido con su obligación de traer un tema con importantes consecuencias para el Ayuntamiento y para toda la ciudadanía de Orihuela", ha concluido el regidor, delegando así toda la responsabilidad de lo ocurrido en los ediles de la oposición.

La prisa por aprobar el cambio mediante un pleno extraordinario -el segundo que se convoca en siete días-, viene porque hoy mismo, 27 de junio, expira la disposición transitoria de la Lotup que exime a los planes parciales o de reforma interior aprobados antes del 28 de junio de 2013 que aún no hayan sido reparcelados -como es el caso del PAU-7- de construir vivienda de protección oficial. A partir de esa fecha será de nuevo aplicable la reserva mínima de suelo para vivienda protegida prevista en la legislación urbanística, lo que impediría al promotor vender esas 650 viviendas destinadas en un principio a VPO.