Con prisas de última hora. Así es como el equipo de gobierno de Orihuela, dirigido por el popular Emilio Bascuñana, pretende aprobar la modificación de un plan urbanístico en Orihuela Costa que eliminará 650 viviendas de protección oficial (VPO) a petición del urbanizador y que hipoteca el futuro desarrollo de la ciudad con la construcción de 2.600 casas sobre 655.854 metros cuadrados.
Bascuñana tiene la intención de convocar el próximo martes 27 de junio un pleno extraordinario para llevar la modificación del Plan Parcial del PAU 7 en Orihuela Costa y permitir a la promotora Villamartín SL, de la familia Pedrera, modificar el uso de 650 VPO que incluía este Plan Parcial en su origen y que el urbanizador las pueda vender como renta libre. En la propuesta que llevará el equipo de gobierno a la sesión se incluye «eliminar» la obligación de construir viviendas de protección oficial en ese plan, aunque la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) habla de suspensión.
El regidor ya ha convocado de urgencia la comisión de urbanismo para el lunes. El pasado mes de mayo el PP pretendía llevar a pleno ese plan parcial pero un demoledor informe del secretario, que advertía que faltaban informes clave para garantizar la sostenibilidad de ese plan urbanístico y las medidas correctoras que pedía la Generalitat, hizo dar marcha atrás al gobierno oriolano. Hasta ahora.
La razón de tanta prisa es que el próximo 28 de junio expira la disposición transitoria de la Lotup que exime a los planes parciales o de reforma interior aprobados antes del 28 de junio de 2013 que aún no hayan sido reparcelados -como es el caso del PAU-7- de construir vivienda de protección oficial. A partir de entonces será de nuevo aplicable la reserva mínima de suelo para vivienda protegida prevista en la legislación urbanística, lo que impediría al promotor vender esas 650 viviendas destinadas en un principio a VPO.
La Comisión de Evaluación Ambiental, que en su día requirió que el plan tuviera todos los informes favorables para garantizar su sostenibilidad y afección ambiental, ha remitido una aclaración que señala que no hay plazo para recibir dichos informes, ni siquiera antes de la aprobación de la modificación del plan urbanístico, y es lo que ha dado alas a Bascuñana para llevar adelante su aprobación.
Sólo han llegado tres informes de los requeridos, los de las consellerias de Urbanismo y Educación y de la Dirección General de Medio Natural, que indica que el plan puede afectar a dos especies de aves,el búho real y el avión zapador, y a la red Natura 2000, por lo que pide una revisión detallada.
Falta de informes
El resto de informes solicitados, y que señalaba como necesarios la Comisión de Evaluación Ambiental, como son los de las Consellerias de Vivienda, Agricultura y Sanidad, Servicios de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Iberdrola, Hidraqua, EPSA y CHS -encargada de decir si hay recursos hídricos suficientes-, no han llegado al Ayuntamiento.
La aprobación de la modificación del plan urbanístico no tiene los votos garantizados. Las dudas, al carecer de todos los informes preceptivos, es tal que algunos miembros del equipo de gobierno se están planteando su voto favorable. Cs podría abstenerse y ediles del PP esperarán a asesorarse el lunes, ya que ni siquiera está hecha la reparcelación y parte de esas viviendas de VPO deberían pasar al Ayuntamiento para su gestión.
Llamativo también es el caso del edil popular Miguel Ángel Fernández ya que la duda es si se abstendrá por posible incompatibilidad, al estar firmada la propuesta que hace el agente urbanizador por su mujer, que ejerce de abogada del promotor. La posición que mantienen otros miembros del gobierno es votar a favor por el miedo a una reclamación patrimonial millonaria por parte de la mercantil. Lo que es seguro es el voto en contra de la oposición. El PSOE ya avanzó, cuando se pretendía llevar a pleno, que acudirían a Fiscalía.
