Una investigación abierta por la Entitat de Sanejament d´Aigües (EPSAR), dependiente de la Generalitat, ha detectado vertidos contaminantes procedentes de tres empresas de la Vega Baja en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Callosa de Segura, a la que vierten cinco municipios, Rafal, Callosa de Segura, Redován, Granja de Rocamora y Cox.
Los vertidos se producen de manera sistemática desde hace seis años, y así lo acreditan los continuos requerimientos que la EDAR realiza a los ayuntamientos de los que depende, instando a poner una solución al problema que pasa por obligar a esas tres mercantiles a poner en marcha un sistema de depuración más efectivo que el que tienen. Esas tres empresas, una conservera ubicada en Orihuela -aunque utiliza la red de saneamiento de Rafal- , otra avícola de Cox y una hortofrutícola también de esa localidad, vierten sus residuos al alcantarillado que va a parar a esa depuradora sin que hayan sido tratados de manera efectiva, y así lo acreditan los análisis realizados por la EPSAR que detectan niveles alarmantes de cloruros y conductividad.
Se da la curiosa circunstancia de que este hecho ya le ha costado a esos cinco ayuntamientos más de 60.000 euros en sanciones en los últimos 6 años. Las multas las está imponiendo la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a la depuradora una vez que detecta que las aguas, en teoría depuradas y para riego que salen de la EDAR, cuentan con altos niveles de vertidos contaminantes. Multas que van de los 500 euros en los casos más leves a los 6.000 en los graves, y están llegando una media de entre una y dos al mes, cada vez que este organismo toma muestras de agua.
Las aguas depuradas acaban en los azarbes, acequias, en las escorrentías y en el propio río Segura, lo que agrava un problema ya de por sí latente, sus altos niveles de contaminación.
La conductividad puede causar un grave daño al medio natural y también a las cosechas regadas con un agua no suficientemente depurada.
Medidas urgentes
Ante esta situación, algunos de los ayuntamientos afectados, como es el caso de Redován y de Callosa de Segura, han pedido a los consistorios de las localidades donde se ubican esas tres empresas, Cox y Rafal, que adopten las medidas urgentes tendentes a minimizar el impacto de dichos vertidos sobre el funcionamiento de la depuradora instando a las mercantiles a que implementen las medidas necesarias para evitar esos vertidos, ya que depende de las administraciones locales esta tarea.
De los 34 vertidos contaminantes detectados por la EPSAR en la depuradora de Callosa de Segura en los seis últimos meses, 14 tienen su origen en las tres empresas de conservas, frutas y aves, y el resto son de origen desconocido.
Uno de los alcaldes de los municipios que vierten sus aguas residuales en la EDAR callosina, Emilio Fernández, de Redován, señaló a este periódico «mi manifiesto enfado y espero que se ponga una solución pronto porque llevamos años recibiendo sanciones por culpa de unas empresas que están muy localizadas». Fernández dijo estar «harto» de pedir soluciones y que «no se haga nada», por parte de las administraciones locales de las que depende resolver este asunto «por vertidos repetidos y constantes». Según ha podido saber este diario, el clima en la última reunión de la Comunidad de Vertidos fue muy tenso.
