El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, confirmó lo que el equipo de gobierno de Torrevieja está intentado eludir desde hace semanas: que hay tres funcionarios del Ayuntamiento investigados (antes imputados) en el marco de la operación de la Policía Nacional que desmanteló una trama de inmigración ilegal, que usaba la falsificación de permisos de residencia, y por la que se detuvieron a 130 personas, entre inmigrantes, empresarioss e intermediarios. Moragues hizo estas declaraciones sin que el primer edil, José Manuel Dolón, pudiera evitar intervenir después para mostrar su «discrepancia» frente las declaraciones de Moragues, no solo en este tema, también en todos los que le fueron consultados al delegado del Gobierno por los periodistas ayer.
Dolón no pudo rebatir a Moragues en cuanto a la implicación de los funcionarios, pese a que públicamente ha llegado a indicar que han declarado «de oficio» y solo para colaborar con la investigación. Lo que sí hizo fue asegurar que fue él el que denunció los hechos cuando llegó al gobierno municipal al detectar irregularidades en la gestión del censo. Tras consultarlo este diario, el equipo de gobierno no aportó una denuncia formal, aunque matizó que técnicos municipales y responsables del gobierno acudieron a la Subdelegación a «trasladar» los hechos que detectaron como irregulares hace más de un año y medio.
El primer edil conoce de primera mano qué tres funcionarios son los que aparecen en las diligencias policiales. Son técnicos de mucha responsabilidad en el funcionamiento interno, pero ha blindado esa información, incluso a costa de que se señalara a todo el personal de Censo y Estadística que no está implicado. No obstante, incluso fuentes de la oposición dan por hecho que los técnicos estarían implicados por el hecho de rubricar documentos que se le daban a la firma como responsables y cuyo contenido era casi imposible de comprobar en ese momento.
Ejecutar
Por otra parte, el Moragues también avanzó que los proyectos del Ministerio de Medio Ambiente de restitución por el impacto de la construcción de la desalinizadora están pendientes de ejecutar porque faltan algunos trámites. En uno de ellos el visto bueno de Costas, en otro, la reurbanización de las obras de San Roque -que todos los vecinos utilizan-, la recepción definitiva del Ayuntamiento. El alcalde dijo por su parte que se «habla» constantemente con los responsables de Acuamed, y aseguró que una de los motivos de la paralización es la operación policial «por corrupción» en la que se detuvo a la anterior dirección por permitir sobrecostes millonarios no justificados en obras, entre ellas la desalinizadora de Torrevieja.
