El juzgado de Lo Social Número 3 de Elche ha declarado improcedente el despido de uno de los conserjes del polideportivo al considerar que el tripartito (PSOE, IU y Somos) que gobierna el Ayuntamiento no respetó sus derechos. El magistrado ha determinado que la carta de cese de actividad que se le entregó «no cumple mínimamente con los requisitos suficientes exigidos por la jurisprudencia para garantizar su adecuada defensa, causando una profunda indefensión». Por ello el juez ha obligado al Ayuntamiento a readmitirlo abonándole los salarios devengados del último año o a pagarle una indemnización de 31.192 euros.

La decisión del despido se adoptó en junta de gobierno. En el acuerdo se dijo que el conserje había cometido presuntas faltas de forma reiterada, como trato incorrecto e irrespetuoso hacia niños y padres; prohibir la utilización del uso de instalaciones; imponer horarios arbitrariamente sin ser los propios de la instalación; cerrar aseos injustificadamente; apagar luces cuando todavía quedaban usuarios en el recinto o proferir gritos e insultos a usuarios. De hecho, se recoge un escrito firmado por 66 personas que se quejaban de tales actitudes y que fue registrado en el Ayuntamiento.

Aún así, el juez que ha instruido la causa considera que no se siguió el procedimiento reglamentario para proceder a su despido y da dos opciones: readmitirlo y pagarle los salarios de tramitación, es decir, los sueldos no ingresados desde que fue despedido en junio de 2016 hasta abril de 2017, a razón de 54,06 euros por día, o no readmitirlo pagando esa indemnización de 31.192 euros. El juez ha tomado en consideración las quejas del denunciante, que alegó que «la carta despido no cumplía los mínimos requisitos de suficiencia, bastando leer la misma para comprobar que no se describen hechos concretos, estando plagada toda ella de ambigüedades, generalidades y vaguedades que generan le generan indefensión». Dicha carta fue firmada por la entonces concejala de Personal, Ana Belén Berná.

Por su parte, el regidor de Callosa, Fran Maciá, aseguró ayer que no era la primera vez que sucedía algo así y que en 2015 el conserje ya fue apercibido con un expediente disciplinario donde se le suspendió de empleo y sueldo durante una semana.

El regidor dijo que se presentará un recurso ante esa sentencia porque «desde el punto de vista del Ayuntamiento, la improcedencia del despido se estima en la base formal de defecto de forma que en base a jurisprudencia no tiene lugar, según nuestro equipo jurídico. Además establece una indemnización donde computa el tiempo que el conserje tenía una relación de personal de confianza, no laboral, y tampoco descuenta indemnizaciones ya percibidas».