La exposición al público de la aprobación provisional de los presupuestos del Ayuntamiento de Guardamar del Segura y su periodo de alegaciones ha deparado una sorpresa, y no pequeña. Unos propietarios de suelo han reclamado al municipio que contemple en esas cuentas el pago de la expropiación de sus parcelas reconocido judicialmente hasta por Tribunal Constitucional. El municipio debe abonar 1.259.000 millones de euros. Son 1.641 metros cuadrados, en la confluencia de las calles Atenas, Londres y Avenida de España, en la urbanización Pórtico Mediterráneo, junto a la N-332, en el Moncayo. Un «agujero» relevante en un presupuesto de poco más de 16 millones euros al año.
La empresa propietaria, Berlin Invest Trade recuerda que hay una sentencia en firme y no recurrible que reconoce la tasación del suelo y su valor. Primero por el jurado provincial de expropiación en 2013 -había solicitado la tasación en 2011-. En ese momento comenzó a pleitear contra el Ayuntamiento. Ganó en el juzgado de Lo Contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y el municipio recurrió. Tras un recurso de casación en el Supremo, que no se admitió, y otro de amparo ante el Constitucional. El rechazo a éste último ha sido notificado a la empresa en al actual periodo de exposición de las cuentas y ha sido recogido en las alegaciones.
El Ayuntamiento ha agotado todas las vías para evitar el pago, y el recorrido judicial está liquidado, a favor de la reclamación de los propietarios. Tarde o temprano las arcas municipales deberán desembolsar esa cantidad. La alegación pide que se asuma ya el desembolso, y recuerda la obligación legal de que se consigne en los presupuestos una partida para cubrir esa cantidad. La expropiación tiene su origen en el Plan General de Ordenación Urbana de 2006. Los redactores del plan vieron la necesidad de que el municipio contara justo en esa parcela con una futura dotación pública en esa zona residencial. En ese momento la propiedad estaba calificada con un uso privado, es decir lucrativo.
