La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Orihuela ha abierto diligencias previas por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida y contra la ordenación del territorio contra la alcaldesa de Albatera, Rosario Ballester (UPyD) y un vecino que, supuestamente, ha usurpado unos terrenos que no son de su propiedad y que, a pesar de esto, recibió dos licencias de obra firmadas por la regidora albaterense. En el auto ambos aparecen en calidad de investigados, antes imputados.

La investigación surge a raíz de la querella interpuesta por la propietaria de una parcela el pasado enero para denunciar que el ahora investigado ha realizado diversas obras, entre ellas grandes movimientos de tierra y el levantamiento de un muro sobre los terrenos que son de su propiedad, en el Polígono 27 de «La Dehesa» y que ahora explota con la plantación de frutales, sin que el Consistorio haya impedido esos trabajos. Todo, a pesar de los requerimientos continuados que realizó acreditando la propiedad.

El denunciado inició las obras antes de recibir licencia, según la querella, y de hecho se abrió un expediente de infracción urbanística en marzo de 2016 para la restauración de la legalidad, que quedó en nada tras recibir ambas licencias de obra menor, que fueron firmadas el 25 de junio de 2016 por Rosario Ballester pocos días después de tomar posesión como alcaldesa y a pesar de las advertencias en forma de escritos por parte de la propietaria y de sus abogados señalando que eran sus terrenos los perjudicados. Una para el levantamiento de un muro de hormigón que, impide el paso a la denunciante, y la otra para el desmonte de 5 metros de altura y 4.000 de tierra con instalación de tuberías de riego que realizó el dueño de la parcela colindante sobre los terrenos propiedad de su vecina con tractores y camiones.

En la querella, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, se detallan los «continuadas y reiteradas advertencias al Ayuntamiento para que no se concedieran ni se permitieran permisos/licencias para ello». Sin embargo, el Consistorio, a través de su alcaldesa, concedió la licencia y «recupera una licencia de 2010 como si lo fuera del querellado para obrar sobre la propiedad de la demandante haciendo una apropiación indebida y explotando dicha parcela con el beneplácito de la administración local pese a tener constancia de los hechos por muy distintos y diversos escritos».

Donación

La propietaria de la parcela, que lo es desde 2013 por donación de sus padres, presentó en el Consistorio la escritura notarial y el registro de la propiedad donde se acredita. Desde principios de 2016 la denunciante llevó, en reiteradas ocasiones, las escrituras para que desde el Ayuntamiento se paralizaran las obras que ya se habían iniciado «sin ningún tipo de impedimento y saltándose la legalidad urbanística con connivencia del Ayuntamiento». El Síndico de Agravios también conoce los hechos. Los terrenos están calificados como no urbanizables. Es por ello que el fiscal pidió un informe completo al Seprona quien ha constatado la existencia de una vivienda de grandes dimensiones y hasta el inicio de lo que parece una plaza de toros y lo ha unido al expediente. Y ha pedido al Consistorio la licencia de todas las obras en esa parcela y en las de alrededor.

La denunciante ha aportado la denuncia realizada a la Guardia Civil y los informes que hizo la Policía Local cuando los llamó. Reclama 70.000 euros por los perjuicios ocasionados y la restauración.

Ballester lo niega todo entre amenazas de querellas

La alcaldesa de Albatera, Rosario Ballester, negó ayer tener «nada que ver» con lo que calificó de «disputa de vecinos». Ballester, a quien este periódico llamó para conocer su versión de los hechos, se mostró muy enfadada y llegó a colgar el teléfono no sin antes amenazar con «querellarme contra quien diga que estoy imputada, que no lo estoy». «Yo siempre he firmado las licencias de obra con informes favorables de técnicos». No obstante, el pasado viernes convocó una comisión para recabar toda la documentación requerida por el juzgado y el Seprona tras llegarle el auto judicial.