Enric Nomdedéu ofrece dos argumentos para explicar la «rentabilidad» social de una inversión tan importante, más de cuatro millones de euros, para poner en marcha 210 contratos temporales durante doce meses en los ayuntamientos de la Vega: «Son contratos de siete y doce meses, y con ese periodo, de verdad aprendes, empiezas a devolver algo, al Ayuntamiento porque cuando los haces de tres meses (el contratado) acaba haciendo fotocopias y el funcionario que tiene que tutelar y enseñar, no puede hacer su trabajo porque está encima tuya. Eso ya tiene un retorno para el Ayuntamiento y para los jóvenes que se van haciendo un currículum». Y desde el punto de vista económico, aclara Nomdedéu, «estamos hablando de un dinero que un 92% viene de la UE a través de garantía juvenil con un programa plurianual de 2014 a 2017, del que no se invirtió nada ni en 2014, ni en 2015».
Cuando la Generalitat detectó esta falta de actuación puso en marcha el programa: «Podríamos haber dado un cheque a los jóvenes para formación y listo, que era lo fácil y lo que nos planteaba el Gobierno, pero nos pareció poco serio». Entonces se pensó en los ayuntamientos, que son los que presentan «el abanico más amplio de oficios». Además, explica el secretario autonómico, «o gastábamos este dinero o perdemos». De ahí que la subvención concedida haya pasado de 26 a 61 millones.
