El juzgado de Lo Social nº 2 de Elche ha avalado el despido de un arquitecto contratado por el Ayuntamiento de Callosa de Segura durante 12 años al estimar que accedió al puesto por «amiguismo» con el equipo de gobierno de Javier Pérez, que lo empleó «sin respeto mínimo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad». La contratación irregular de dicho técnico ha sido además denunciada por la Fiscalía Anticorrupción, que en un proceso judicial paralelo ha acusado al exregidor popular de fraude y prevaricación y ha calculado que el arquitecto llegó a cobrar de las arcas municipales hasta 311.000 euros.
El ya extécnico municipal, J.M.G., exigía una indemnización de más de 50.000 euros al Ayuntamiento por considerar que el área de contratación estaba vulnerando sus derechos fundamentales con su despido. Dicho cese se produjo tras el cambio de gobierno en 2015, al estimar el tripartito (PSOE, IU y Somos) que su contratación fue irregular.
En la sentencia lo que sí ha estimado el juez es que el Ayuntamiento deberá de abonarle 5.744 euros en concepto de diferencias salariales adeudadas entre marzo de 2015 y 2017. El fallo es recurrible ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
«Lazos familiares»
La sentencia declara probado que el arquitecto «tiene lazos familiares con Salvador Guirao, quién era personal de confianza del alcalde en el año 2004 y quien posteriormente fue concejal». El juez señala que al técnico «lo llamaron del Ayuntamiento, presentándose directamente ante el alcalde, a quien le entregó su currículum y quién le manifestó que si le interesaba ser contratado, contestando afirmativamente».
El Juzgado de lo Social afirma en su sentencia que «se le dieron instrucciones a la secretaria del Ayuntamiento a fin de que se formalizara la contratación directamente, sin publicidad, ni concurrencia, especificándole que la remuneración fuera inferior a los 18.000 euros para evitar la necesidad de concurso, y ello siendo consciente el alcalde de que el trabajo a realizar por el arquitecto técnico municipal sería en las mismas circunstancias que cualquier otro trabajador o funcionario».
Instrucciones de Alcaldía
En su declaración en sede judicial, la que era secretaria del Ayuntamiento dijo que «la contratación se hizo como contrato menor, de duración de un mes y prorrogable por meses, para no tener que sacarlo a concurso público y que las instrucciones se las dio el alcalde y el concejal de obras». No obstante Pérez dijo que fue ella quien estableció como se debía realizar el contrato, un extremo que el juez no ha incluido como hecho probado.
El magistrado señala que «es precisamente tal ilegalidad, que tiene en su origen una contratación realizada sin respeto mínimo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con un componente de amiguismo inadmisible en el comportamiento de quienes ostentan cargos de representación pública en las administraciones y que deben velar por el interés general y por el respeto de dichos principios, lo que lleva a la nueva Corporación a intentar buscar una solución, con posible convocatoria de concurso para cubrir procedentemente la plaza de quién de facto actuaba como arquitecto técnico del Ayuntamiento».
El actual concejal de Contratación, Rubén Manresa (IU), dijo ayer que «los hechos declarados probados por esta sentencia demuestran que el PP mentía a todos los ciudadanos y aclara muchos aspectos de cara al proceso penal iniciado». El edil recordó que el PP «defendió en Pleno la legalidad del contrato, argumentando que se había llevado a cabo mediante un procedimiento negociado y afirmando su intención de reclamar responsabilidades a los miembros del equipo de gobierno que votasen favorablemente a la interposición de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del citado contrato».
