El exalcalde de Bigastro Raúl Valerio Medina (PSOE) ha reconocido el delito de malversación de caudales públicos del que estaba acusado y ha aceptado una condena de un año de cárcel y tres de inhabilitación para cargo público. Asimismo deberá devolver 14.000 euros de forma solidaria con el que era secretario-interventor del Ayuntamiento, Antonio Saseta, que también estaba acusado.
El juicio por estos hechos comenzó ayer en la la sección VII de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, mediante un jurado popular. Según la acusación del Ministerio Público, el exalcalde Medina Lorente gastó casi 23.000 euros entre 2009 y 2011 con una tarjeta de crédito municipal destinada al pago de gastos de representación y de dietas mientras no había tiques que justificaran esos gastos. Al exsecretario se le acusaba de dejación de funciones al no fiscalizar los pagos que realizó el entonces alcalde.
Con el reconocimiento de los hechos por parte de los dos acusados, el magistrado ha dictado hoy sentencia in voce y ha quedado disuelto el tribunal de jurado que debía decidir si Medina Lorente y Saseta eran culpables o inocentes.
El acuerdo ha sido favorable para los dos acusados si se tiene en cuenta que ambos se enfrentaban a una pena de 4 años de prisión por un delito de malversación de fondos públicos. Además, la Fiscalía solicitaba una pena de 10 años de inhabilitación para el exalcalde, y para el intervento otros 10 años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo que suponga el control del gasto o la fiscalización de la gestión económica municipal.
Durante la primera sesión del juicio celebrada el martes, Raúl Valerio Medina defendió que los gastos estaban justificados en relación a su actividad como alcalde y que en su día fue entregando todos y cada uno de los tiques.
Tal y como desveló INFORMACIÓN en su día, entre los apuntes contables de la tarjeta de crédito vinculada al Ayuntamiento y de la que era titular Medina aparecían multitud de cargos en algunos de los restaurantes más selectos de la comarca y de la provincia. Algunos de los gastos se realizaron durante los fines de semana. El rastro bancario de la tarjeta de crédito da cuenta de que se pagaban almuerzos y cenas hasta cuatro veces por semana.
La denuncia por estos hechos se interpuso desde el Ayuntamiento, gobernado entonces por Charo Bañuls (PP) tras un informe de Intervención que determinó que «no existía resolución o acuerdo de junta de gobierno que apruebe la asignación correspondiente» en relación con los gastos de dietas de los miembros del equipo de gobierno socialista. En cuanto a los gastos de atenciones protocolarias decía que «no existen para la contabilización de operaciones tiques ni facturas a nombre del Ayuntamiento que, en su caso, hubieran permitido su aprobación mediante la tramitación de un pago a justificar por resolución o acuerdo de junta de gobierno».
