El exalcalde socialista de Bigastro Raúl Valerio Medina Lorente negó ayer el delito de malversación por el que la Fiscalía Anticorrupción le pide cuatro años de prisión en un juicio con jurado que comenzó en la sección VII de la Audiencia. En la sesión alegó que solo usó la tarjeta de crédito municipal que tenía asignada para gastos relacionados con sus funciones y que lo único que hizo fue continuar con el sistema que utilizaba su antecesor, José Joaquín Moya, quien dimitió del cargo en noviembre de 2008 tras ser detenido por la Guardia Civil dentro de una investigación por corrupción. Esta decisión de dejar el cargo desde Fontcalent, en mitad de un enorme escándalo, dio paso a que el grupo municipal socialista lo designara a él como sucesor y, por tanto, regidor, cargo que ocupó hasta 2011 cuando no obtuvo la mayoría absoluta y el PP consiguió colocar a Rosario Bañuls como alcaldesa gracias a un pacto con los independientes. Fue Bañuls quien detectó la supuesta irregularidad, que se habría producido entre 2009 y 2011, y lo denunció dos años después de que éste hubiera dejado el cargo, cuando era el portavoz de la oposición, diputado provincial y las arcas municipales estaban prácticamente en la bancarrota.
Según la acusación, Medina Lorente gastó casi 23.000 euros con una tarjeta destinada al pago de gastos de representación y de dietas vinculada a una cuenta bancaria del consistorio. Por estos hechos también se juzga al entonces secretario-interventor, Antonio Saseta, para quien el Ministerio Público reclama la misma condena al entender que hizo dejación de funciones y no fiscalizó los gastos del entonces primer edil.
«Soy una persona que distingue perfectamente entre mi faceta profesional y la personal, y no hay un solo cargo en la tarjeta fuera de mi trabajo. Jamás he cobrado una retribución en especie porque no me ha servido para pagar la hipoteca, llenar la nevera de mi casa, cambiar de coche ni nada de eso», dijo a preguntas del fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, quien sostiene que el entonces alcalde no justificó esos gastos, la mayoría de ellos en bares y restaurantes, y que estos no respondían a «la necesidad de satisfacer ninguna necesidad pública».
Defensa
La acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Bigastro, comparte esa visión, mientras que la defensa reclama la absolución porque entiende que los gastos estuvieron justificados y vinculados a la actividad de Medina como alcalde, aunque las facturas y recibos no se encontraran en las dependencias municipales por un «deficiente archivo». Según su versión ayer en el juicio, el uso de la tarjeta no incluía la presentación de una memoria explicativa o justificativa de los gastos porque ese requisito «nunca se planteó».
El acusado reconoció que las arcas municipales atravesaban en aquella época «una situación delicada» a causa de la crisis y que la contabilidad municipal «estaba mangas por hombro», pero negóque usara el dinero a su disposición para gastos personales. «Yo entregué todos los justificantes, absolutamente todos», añadió en referencia a las facturas y recibos relativos a los gastos en que incurrió: «No me llevé documentación del Ayuntamiento ni eliminé ningún documento; eso estaba allí y seguiré diciéndolo hasta que me muera».
Durante el exhaustivo interrogatorio al que fue sometido por el fiscal anticorrupción de la Vega Baja, Pablo Romero, Medina atribuyó numerosos pagos en hoteles y restaurantes de toda España a su participación y la de otros concejales y funcionarios en ferias, foros de localidades sostenibles o reuniones de trabajo con empresarios, sindicatos y abogados, entre otros. Además afirmó que utilizó la tarjeta para pagar comidas de trabajo de otros ediles y miembros del equipo de gobierno e, incluso, «gastos corrientes» de la corporación como «gasolina de los coches de Policía».
Medina contó ayer por la mañana durante el juicio con el respaldo del exsecretario general del PSPV-PSOE en la provincia, David Cerdán, quien lo considera una persona «decente y honrada» en una conversación con los periodistas. Por su parte, el magistrado le preguntó en un momento dado si era consciente de la situación del estado de las arcas locales cuando sacaba «la tarjeta con esa alegría para invitar a todo el mundo», aunque retiró la pregunta tras la protesta formulada por el abogado defensor.
Tesis
La tesis de la defensa se va a sostener en ese «deficiente archivo» por parte del Ayuntamiento de las facturas y en que su cliente entregó las facturas y se han traspapelado, aunque los tiques no aparecen por el Ayuntamiento. El letrado de la defensa argumentó que el sistema para justificar esos pagos era su entrega a un funcionario para su archivo. Apostilló que, cuando Raúl Valerio dejó el cargo, los justificantes estaban en el consistorio y dos años y medio después habían desaparecido. También agregó que el uso de la tarjeta fue «legítimo» y «correcto» y «no en su propio beneficio», y argumentó que respondían a gastos «bastante normales» de toda la corporación. En cuanto al secretario-interventor, la defensa alegó que la falta de control no fue por omisión sino por convicción de que el sistema empleado con la tarjeta de crédito, aunque no fuera el más ortodoxo, dejaba «rastros suficientes» como para justificarlos.
