El Partido Popular y Ciudadanos, que gobiernan con mayoría en Orihuela, tumbaron ayer la propuesta de Cambiemos que pretendía el control y la fiscalización de la validez de los contratos entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del servicio de agua potable, Hidraqua. El equipo de gobierno defendió la «legalidad» tanto del contrato como de las prórrogas a la mercantil. Sin embargo, el edil de Cambiemos, Karlos Bernabé, consideró que la prórroga firmada a la empresa por 10 años en 2008 y la que dos años después se rubricó por 20 años, hasta 2038, no cumplían con los requisitos exigidos y pidió que sea un órgano independiente quien fiscalice esos contratos. «Esta moción sólo pretende que se verifique si esa prórroga es legal o no ya que consideramos que es un accidente jurídico»,dijo.

Varios empleados de Hidraqua asistieron a la sesión plenaria tras haber presentado por registro un escrito en el que expresaban su preocupación porque esta propuesta pudiera afectar a sus empleos. En este sentido Bernabé pidió que se blindaran los derechos de los trabajadores. Su propuesta encontró apoyo en el PSOE cuya edil, Carmen Gutiérrez, señaló «que se consulte si es legal o no».

Por su parte, el edil de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas criticó la propuesta porque «tanto el contrato como esas prórrogas cuentan con todos los informes y tienen el visto bueno de los técnicos». En el mismo sentido se pronunció el Partido Popular.

En la sesión se volvió a demostrar la falta de propuestas por parte del PP, que sólo llevó a pleno algunos reconocimientos institucionales y la petición de dos subvenciones a la Diputación a través del Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios, entre ellas para la reurbanización de la calle Espeñetas. Su socio de gobierno, Cs, sí llevó una moción sobre el acceso, en condiciones de igualdad, al sistema de justicia.

Rechazo

Por parte de la oposición, se rechazó la propuesta de la edil socialista, María García, referente al soterramiento de la nacional 332 en la Costa. Con sorna se recibió la también moción socialista para que en el Ayuntamiento se celebren bautizos civiles. López-Bas dijo que era «una propuesta exótica y los ediles va a parecer que alzamos al Rey León». El momento más tenso fue cuando el concejal del PSOE, Víctor Ruiz, preguntó al alcalde si ha tenido acceso a los whatsapps privados de sus ediles en los que, dijo el socialista, estos criticarían al regidor. Uno de los afectados sería el concejal Dámaso Aparicio, a la sazón presidente local del PP. Ruiz lo llevó a pleno «por las dudas que surgen de si el alcalde tiene acceso a conversaciones privadas». Tanto Aparicio como Bascuñana emplearon su turno de palabra para decir lo mismo: «No tengo nada que decir al respecto», señalaron.