El empresario oriolano Ángel Fenoll, uno de los presuntos cerebros del llamado caso Brugal, volvió ayer a los juzgados para afrontar un nuevo pleito. En esta ocasión, acusado de un delito de falsedad en documento público por haber actuado como administrador de una de sus mercantiles a pesar de que había sido cesado del cargo. La Fiscalía le reclama una pena de 18 meses de prisión en el juicio que ayer quedó visto para sentencia en un juzgado de lo Penal de Alicante.

Los hechos se enmarcan dentro del conflicto de la familia Fenoll que culminó con un relevo al frente de Proambiente, la mercantil que gestionaba el vertedero de la Vega Baja y que auspiciaron sus hermanos. Los denunciantes sostienen que Ángel Fenoll continuó actuando en nombre de la empresa, a pesar del cese acordado en la junta del 12 de diciembre de 2012. Concretamente, las acusaciones mantienen que un mes de después, el 14 de enero de 2013, Ángel Fenoll se presentó en nombre de Proambiente al acto de conciliación por el despido de una trabajadora. Los denunciantes aseguran que esos acuerdos limitaron la capacidad de defensa de los nuevos gestores para ejercitar la defensa en el juicio por despido improcedente.

Ángel Fenoll se acogió ayer a su derecho a no declarar y sólo respondió a las preguntas de su abogado. El empresario aseguró que el día en que se presentó al acto de conciliación ignoraba que había sido cesado de Proambiente y que hizo lo que le correspondía como administrador de la mercantil.

Por su parte, Ángel Fenoll tiene presentadas otras denuncias judiciales contra sus querellantes y que ha presentado desde su mercantil Colsur, dedicada a la recogida de residuos sólidos urbanos. En el juicio de ayer, trascendió que éste ha denunciado a sus sobrinos, Ginés y Antonio Joaquín Fenoll, y su hermano Ramón Fenoll, por alzamiento de bienes que investiga un juzgado de Orihuela; por estafa procesal en un juzgado de Cieza por la presunta falsificación de centenares de albaranes. También hay presentada una demanda por la vía civil en un juzgado de Elche por una reclamación de 630.000 euros.

El fiscal y la acusación particular que ejerce Ginés Fenoll en nombre de Proambiente sostienen que Ángel Fenoll conocía de sobra su cese, ya que la junta en la que se aprobó fue convocada por orden judicial ante la negativa de éste a celebrarla y que se le entregó copia del acta. El abogado de la defensa incidió en que no había quedado probado que a fecha 14 de enero de 2013 Ángel Fenoll conociera su relevo, ya que éste no estuvo en la junta y que el propio letrado quiso asistir y no le dejaron. Según dijo, Fenoll no falsificó nada, ni falseó nada, al tiempo que la empresa tampoco salió perjudicada por la indemnización que tuvo que pagar por el despido.