El juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja ha citado a declarar como investigado (antiguo imputado) por los supuestos delitos de falsedad y prevaricación a Eduardo Dolón (PP) el día 30, solo dos jornadas después de que se celebre el congreso provincial del PP, que tiene como escenario este fin de semana el Auditorio Internacional de Torrevieja. La citación se produce tras dos aplazamientos anteriores -el 19 de abril y el 16 de mayo-. En el procedimiento se investiga la actuación de Dolón, en su condición del alcalde de Torrevieja durante el anterior mandato, en relación a la actividad irregular de una discoteca en la playa de La Mata, clausurada a finales de 2015.
La jueza Juana López Hoyos y la Fiscalía intenta aclarar si tanto Dolón, como el edil de Actividades en ese momento, Francisco Moreno, no actuaron a la hora de atajar esa actividad frente los informes de inspección de la Guardia Civil, la Policía Local las denuncias de los vecinos y los expedientes de sanción de la administración autonómica. En uno de sus últimos autos relacionados con la causa, la jueza señala que tras analizar las actuaciones, «se está investigando la presunta comisión de un delito de falsedad documental y prevaricación» en el que «aparecen» como «investigados» tanto Eduardo Dolón, como el exconcejal de Actividades, el actual intendente principal de la Policía Local, un exinspector de la Policía Local y dos funcionario de Actividades. El local cerró cuando ya se había iniciado la investigación por un equipo especializado la Guardia Civil.Multa
Además de la nueva notificación la jueza ha dado un varapalo procesal a la representación letrada del Ayuntamiento, que está personado en el procedimiento, por promover un incidente de nulidad de las diligencias con «temeridad» que «pone de manifiesto la mala fe procesal de la parte» y su «actuación dilatoria». El letrado del Ayuntamiento solicitó un incidente de nulidad para todas las declaraciones de testigos e imputados porque en las actas figura que estuvo presente la magistrada, cuando en realidad no estar presencialmente en las declaraciones, aunque sí se encontraba en su despacho. De esa circunstancia eran conocedoras todas las partes y sus abogados, que además no protestaron por la ausencia, recuerda la juez, que incide en que incluso estando presente no está obligada «en modo alguno» a realizar preguntas en los interrogatorios. El enfado que refleja la decisión de la magistrada es evidente por la actuación de los servicios jurídicios del Ayuntamiento, que en este caso ejerce al mismo tiempo comoperjudicado por la actuación de de cargos públicos que estuvieron en el gobierno local y ahora son oposición, pero también funcionarios de su propia administración en ejercicio. La multa es de 200 euros más las costas procesales. En total serán unos 500 euros que paga el erario municipal.
Denunciante
La magistrada ha decidido además que el policía local que denunció las supuestas irregularidades, Joaquín Lucas, no pueda seguir personado en el procedimiento porque no es perjudicado por el supuesto delito que se investiga. Esa personación permitía al denunciante, hasta la fecha, tener conocimiento de las actuaciones y que su representación letrada pudiera intervenir en los interrogatorios. Esta resolución por la que se aparta al denunciante se produce más de dos años después de que se iniciara la causa, que la jueza archivó y ordenó reabrir la Audiencia Provincial.
